El Tribunal reitera que la exministra actuó correctamente al detener el expolio del barrio

El Supremo tumba el último recurso de la Generalitat contra Sinde por El Cabanyal

2012-02-28Publicat per: El País
La orden del Ministerio de Cultura que declaró que el plan urbanístico del PP de partir en dos en barrio valenciano de El Cabanyal es un "expolio" al patrimonio histórico es válida y cumplió la ley. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo al desestimar el último recurso de súplica interpuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia ante una sentencia similar del mismo tribunal. La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia denunciaron a la exministra Ángeles González Sinde por prevaricación y usurpación de funciones al dictar la orden de protección del barrio marítimo de Valencia en diciembre de 2010.

Aquella orden del ministerio que declaraba un expolio el plan de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, para partir el barrio en dos provocó las airadas protestas del Ayuntamiento y de la Generalitat, que acusaron a la ministra de inmiscuirse en asuntos que no le competen. Barberá presentó entonces la primera querella por supuesta prevaricación contra González Sinde que fue archivada. El Supremo archiva ahora la súplica contra aquella decisión judicial. El Supremo, en una resolución del 9 de febrero, rechaza el recurso de súplica interpuesto por Generalitat y Ayuntamiento de Valencia contra la decisión de inadmitir a trámite la primera querella al considerar que los hechos denunciados no constituían delito ya que sostiene que en el escrito de recurso los querellantes no aportan "ni una sola alegación ni un pequeño argumento que intente desvirtuar siquiera cuanto se expresó en la resolución recurrida".

El auto explica que el contenido material del delito de prevaricación que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia intentan atribuir a González Sinde parte de comprobar que el acto administrativo no solo contradice el derecho positivo, lo que sería controlado por la propia administración o por la jurisdicción contenciosa-administrativa, sino que además requiere que el acto suponga una vulneración de los principios y valores constitucionales. Desde esta perspectiva, entiende la sala que las afirmaciones de los querellantes sobre que los hechos se subsumen en la prevaricación "carecen de relevancia" para su consideración como indicios de este delito mientras que la querella tampoco relata hechos "que puedan ser tenidos como indicios del delito de usurpación de funciones".

Cuando el Supremo rechazó la primera querella, la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps, aprobó un decreto para sortear la orden de paralización de los derribos que permitió a la alcaldesa meter las excavadoras en el barrio. Pero solo durante unos días, en los que hubo una dura carga policial contra los manifestaciones que pretendían evitar el derribo de varias casas. El Gobierno recurrió el decreto de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, que confirmó la suspensión cautelar del proyecto urbanístico y tiene pendiente decidir sobre el fondo del asunto.

La alcaldesa de Valencia ha dicho que acata la sentencia "como demócrata convencida y creyente en el estado de derecho". "Lo acato porque creo en el Estado de derecho y en la democracia", ha insistido.

Salvador Broseta, portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, criticó el fin de semana que los ciudadanos de Valencia "tengan que asumir el pago de los 32.750 euros que costó la querella que la Generalitat y el consistorio interpusieron contra la exministra de Cultura Ángeles González Sinde".

Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, ha señalado que la ratificación del archivo de la querella presentada por el Ayuntamiento y la Generalitat contra la orden ministerial sobre El Cabanyal “confirma por enésima vez que el PP ha tenido una actitud nefasta contra el barrio”. Para Sanz, “Rita Barberá debe negociar y dialogar con los vecinos del barrio la rehabilitación y la protección del Cabanyal”. “Si el PP continúa con su actitud contra El Cabanyal, se estará situando fuera de la legalidad”, ha añadido Sanz, quien considera el auto judicial una “bofetada contra las afirmaciones de Rita Barberá”, según las cuales Mariano Rajoy autorizaría la destrucción del barrio una vez llegara a la presidencia del Gobierno español.