Barberá anuncia que recurrirá una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala el decreto que paralizó los derribos

El Ayuntamiento ya trabaja con el Gobierno para reanudar la apertura de Blasco Ibáñez

2012-01-20Publicat per: Las Provincias
La alcaldesa Rita Barberá desveló ayer que ya se han establecido los primeros contactos con el Gobierno de Mariano Rajoy para desbloquear el plan urbanístico del Cabanyal, paralizado desde hace dos años por el decreto del Ministerio de Cultura contrario a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, al entender que vulneraba los valores patrimoniales de esta parte del Marítimo.
Barberá, que no concretó plazos para cerrar estos trabajos, indicó que el paso lógico a su juicio es que el Gobierno retire el recurso presentado en el Tribunal Constitucional. «No estamos negociando sino que se trata de empezar a hablar», matizó tras una visita de obras al Pont de Fusta.
La primera autoridad local respondió así a la sentencia difundida a primera hora de la mañana por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, contraria a la prolongación de la avenida, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechaza la demanda de ejecución de sentencia presentada por el Ayuntamiento contra la orden ministerial firmada por Ángeles González-Sinde en enero de 2010.
La sentencia recurrida permitió al Ministerio realizar un informe donde varios expertos consideraban la prolongación de la avenida como un expolio al patrimonio arquitectónico del barrio. El gobierno municipal entendió que el Ejecutivo socialista se había excedido en la interpretación del fallo, que en su opinión sólo pedía justificar la razón de que no se declarase competente para dictaminar, lo que ya se había hecho en 2001.
Este lío judicial ha tenido como consecuencia la paralización de las obras. «Tenemos una docena de sentencias a favor», dijo Barberá antes de anunciar el recurso a esta última, contraria a los intereses del plan urbanístico. El decreto establecía la paralización hasta que las obras se adaptaran a la conservación de la trama urbana, aunque el Consistorio afirma que se extiende a cualquier licencia de obras, salvo las precisas para la conservación de edificios y situaciones de ruina.
El auto del señala que las «pretensiones del Ayuntamiento desbordan el objetivo del cauce procesal de esta ejecución», ya que «no se puede convertir este incidente de ejecución de sentencia en una nueva instancia procesal como parece pretender». Esta cuestión formal ha sido determinante para desestimar el recurso.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente dilucidar el recurso interpuesto por el Gobierno contra los cambios que hizo la Generalitat en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). También está en trámite sendos recursos del Ayuntamiento y la Administración autonómica en la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. En el caso de que el Ministerio retire ahora el primer recurso, estos decaerían poco después.
Mientras, el gobierno municipal ha destinado este año algo más de tres millones de euros para la compra de viviendas afectadas por los derribos. Además, hay partidas consignadas del Plan Confianza para el bulevar San Pedro y otras unidades de ejecución, en ambos casos fuera de la zona protegida.
El plan urbanístico prevé, además de la propia prolongación del bulevar hasta el paseo marítimo, la construcción de 1.500 viviendas protegidas, así como la demolición de 1.603 inmuebles entre pisos, plantas bajas y pequeños talleras. Un tercio de estas propiedades ya son públicas.