La plataforma denuncia que la modificación persigue amparar la destrucción del barrio

Salvem El Cabanyal sostiene que la reforma de la ley de patrimonio vulnera la norma estatal

2003-12-15Publicat per: El País
La reforma de la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano planteada por el Consell, que se encuentra ya en las Cortes Valencianas para su tramitación, es una mera excusa para “eliminar las barreras” que suponen las normas vigentes al “urbanismo depredador”. Así lo entiende la Plataforma Salvem el Cabanyal, contraria al proyecto del Ayuntamiento de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez “arrasando” el barrio marinero de El Cabanyal-Canyamelar. Más aún, la plataforma sostiene que la reforma prevista por el Consell vulnera la norma estatal.
Esteban González Pons, consejero de Cultura, justificó la reforma de la ley de patrimonio planteada hace unas semanas en la necesidad de “adaptar” la legislación a los nuevos tiempos. Pero la oposición vio de inmediato una “trampa” a través de la cual el Consell persigue dotarse de base legal para aprobar los polémicos proyectos de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a través del barrio de El Cabanyal-Canyamelar y la construcción de un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil de Alicante. Y, por otro lado, evitar el cumplimiento de la sentencia que obliga al Consell a derribar la reforma del Teatro Romano de Sagunto.

José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem el Cabanyal es más preciso: “Pensamos que la reforma tiene por finalidad eliminar las barreras que el patrimonio cultural supone para el urbanismo depredador”

Ramos sostiene que el Consell pretende aplicar a los conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) las previsiones que la ley estatal establece para los conjuntos no BIC al permitir remodelaciones urbanas sólo en el caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial urbano o cuando eviten usos degradantes para el propio conjunto.

Las modificaciones de la norma en tramitación “significan de hecho, la desaparición de un régimen mínimo de protección”, según Ramos, al señalar que “con carácter excepcional” el Consell podrá autorizar que los planes especiales de protección de los conjuntos históricos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica cuando “se trate de actuaciones de interés general para el municipio o de proyecto singulares relevantes”, que, además, no se condicionan a la mejora del conjunto protegido. En este sentido, Ramos recuerda que la ley estatal establece “unos mínimos” de protección de bienes culturales y considera que la ley en tramitación vulnera ese espíritu porque las comunidades autónomas “pueden mejorar” esa protección, “nunca empeorarla”.

El Consejo Jurídico Consultivo también incide en este asunto y señala que si la nueva ley no garantiza unos principios mínimos de mejora del entorno en los proyectos de remodelación urbana de zonas de interés cultural “se podría producir el contrasentido de que el plan especial de protección pudiera provocar la desnaturalización del bien protegido”

Técnicos con orejeras

Una de las peculiaridades de la reforma en trámite de la vigente ley de patrimonio es que pone orejeras a los técnicos. Persigue evitar casos como el del famoso hotel del solar de Jesuitas de Valencia, que los técnicos paralizaron al informar en contra del proyecto, o como los de El Cabanyal-Canyamelar y el Benacantil, que encontraron fuerte oposición ciudadana y que fueron contestados por profesionales, políticos y universidades. El artículo que regula el procedimiento de aprobación de los planes que afecten a conjuntos BIC se modifica de forma sibilina en lo referente a los informes de Cultura: los informes se emitirán “sobre la documentación que vaya a ser objeto de aprobación”. En la práctica, se pretende eliminar toda influencia de los técnicos en la aprobación final. Actualmente, los técnicos informan teniendo en cuenta el plan especial del Ayuntamiento, las alegaciones de los ciudadanos o su propia valoración personal que, como profesionales, puedan hacer una vez visitada la zona afectada. Todo ello les permite un juicio más objetivo. Pero con la reforma, los técnicos tendrán que informar el proyecto sin salir de su despacho, sin utilizar el teléfono para recabar otra opinión y sin estudiar posibles alegaciones. José Luis Ramos, abogado de Salvem El Cabanyal, concluye que la protección del patrimonio queda en manos de la discrecionalidad política.