No, no es tan fácil tirar el Cabanyal

2003-12-03Publicat per: El País
Todo lo que se come es objeto de poder. Por eso se dividió éste hace tiempo, para que los ciudadanos –antes súbditos- no fuéramos engullidos por bocas autoritarias. Por eso se creó el Estado constitucional, para que la mayoría de turno no se merendara los derechos de los más débiles.

El gobierno no lo puede todo, hay que repetirlo (repetírselo-repetírnoslo) hasta que ya no nos dejen, y después también. No lo puede ni apoyándose en mayorías absolutas, ni justificándose en vagos y sospechosos intereses generales, ni siquiera lo puede amparado en la celebración de la Copa América. Ésta es una competición deportiva que beneficia a Valencia, no un permiso para legitimar la arbitrariedad de los que gobiernan.

El ejecutivo autonómico se propone modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una Ley que él mismo elaboró hace apenas un lustro. Dice que la reforma (“actualización” para los eufemistas) obedece al objetivo de proteger mejor el patrimonio y resolver las “posibles disfunciones” que se puedan plantear con los futuros reglamentos de desarrollo. Ya es un indicio del talante gubernamental que se modifique la norma legal (competencia de las Cortes) para adecuarla al reglamento (que elabora y aprueba el Consell), y no al revés, como su naturaleza exige. No es una anécdota, lo están haciendo con la Ley de Extranjería sin despeinarse.

Cuestiones sobre la división de poderes aparte, la sensación de muchos valencianos –sensación que ha venido a coincidir con el deseo de gobiernos municipal y autonómico-, es que con la Ley reformada podrán llevarse a cabo proyectos “retrasados” por la denuncia y judicialización al que han sido sometidos. Es el caso de la prolongación de Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal.

Sin embargo, no, no es tan fácil que con la reforma de la Ley se pueda destruir la parte mejor conservada del Cabanyal; o al menos no lo será mientras hablemos de respeto a la Constitución y a la Ley. Veamos por qué.

En el proyecto de reforma parece allanarse el camino al gobierno municipal al concederle la posibilidad de modificar estructuras urbanas y arquitectónicas de los conjuntos históricos, siempre que hacerlo mejore la relación del conjunto con el entorno urbano, se eviten usos degradantes del mismo o se trate de “actuaciones de interés general para el municipio”. Esto puede estar muy bien (o no), y es legal; sin embargo, no puede afectar al Cabanyal. Y no puede porque el Cabanyal es Bien de Interés Cultural, es decir, dentro de los conjuntos históricos, se trata de un bien de especial relevancia, y por ello especialmente protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español (art. 21.3) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (ambas aplicables), que prohíben la alteración, sin excepciones, de las tramas, alineaciones o estructuras urbanas de esos mismos bienes, así como su preservación en caso de duda.

Por lo tanto, la Constitución y el efecto interpretativo de su artículo 46 (obligación para los poderes públicos de conservar el patrimonio histórico), unido a la jurisprudencia constitucional (“en la duda, la voluntad constitucional está más cerca de la conservación de los bienes…. que su destrucción”), la Ley de Patrimonio Histórico Español y la propia Ley valenciana –que habla de “acrecentamiento” del patrimonio cultural como su objeto prioritario (art. 1.1)- impiden que el proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez se lleve a cabo.

Así las cosas, el gobierno municipal (y autonómico) debería decantarse de una vez por el sentido común, convocar a los vecinos para rehabilitar un barrio con excelentes posibilidades y cerrar un episodio que ya dura mucho y que, sobre todo, perjudica gravemente a los afectados. Debería aunque, a la vista de la secular prepotencia esgrimida, no tengo mucha esperanza de que ese sentido de lo legal y lo razonable visite las sedes gubernamentales.

De modo que nos queda la acción ciudadana y la exigencia del respeto a la Constitución y a las reglas del juego (quién lo diría, tener que pedirle patriotismo constitucional a este gobierno); nos quedan resquicios en algunos medios de comunicación (a la verdad sólo la temen quienes pretenden sojuzgar a las personas); y nos quedan los tribunales, a día de hoy los únicos que pueden garantizar que este sistema no se convierta en un régimen autoritario.

Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional.