Una ley de Patrimonio con múltiples lecturas

2003-09-20Publicat per: Levante
Se trata de una de las más poliédricas jugadas políticas que se recuerdan. La controvertida revisión de la ley valenciana de Patrimonio que se le ha metido entre ceja y ceja al presidente Camps tiene cada vez más frentes y causalidades. En primer lugar porque sirve para favorecer los propósitos de la alcaldesa Rita Barberá en su lucha casi personal por quebrar la oposición ciudadana en el barrio valenciano del Cabanyal al tiempo que desbloquearía el proyecto alicantino del Benacantil, de tal suerte que Camps podría unir a su causa importantes voluntades internas del PP que tan necesarias le son para quitarse de encima la tutela del ministro portavoz Eduardo Zaplana. En segundo término porque, de rebote, puede solucionar el correoso asunto jurídico-arquitectónico del Teatro Romano de Sagunto, cuya hipotética demolición provoca el rubor de casi todos los políticos de sentido común que se instalan en la Conselleria de Cultura, pero al mismo tiempo sirve como ayer sugirió en hábil celada el titular Esteban González, para que tanto la oposición socialista como algunos círculos ilustrados pudieran ver con buenos ojos el proyecto de ley que flexibilizará la protección del patrimonio valenciano por la vía de la excepcionalidad. Por último, y no por ello menos importante, dotará a quienes en un futuro se les confiera la administración de la susodicha excepcionalidad de un poder ciertamente importante, capaz de doblegar muchas voluntades en tantos y tantos ayuntamientos que ven en la defensa del patrimonio una rémora a sus planes de expansión que suelen teñirse de supuesta modernidad. Una reforma legal, en definitiva, que puede abrir la caja de Pandora y que expone a la subjetividad del poder o de las corrientes de moda en cada coyuntura la acción sobre el patrimonio, cuando la experiencia en la Unión Europea propone antes pecar por exceso que por defecto en asuntos de protección.