El fiscal del Supremo dice que en Patrimonio no se pueden crear leyes de «usar y tirar»

2003-09-11Publicat per: Levante
«No se pueden elaborar leyes de usar, comprar y tirar». Así de contundente se manifestó el fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, al ser preguntado por la reforma de la ley valenciana de Patrimonio. El ministerio también recordó que la ley estatal marca a las autonomías unos mínimos de protección. Por más que el Consell simplifique la ley valenciana y su principal figura de protección (BIC), no dejará de ser necesario al menos un informe «favorable y razonado» para descatalogar inmuebles protegidos. Otro de los mínimos es la obligación de mantener la alineación urbana de espacios BIC como el Cabanyal.
El fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, aseguró ayer sobre la reforma de la ley de patrimonio anunciada por el Consell, que aceleraría la prolongación de Blasco Ibáñez o el Palacio de Congresos del Benacantil de Alicante, que «no se pueden elaborar leyes de usar, comprar y tirar». Según Vercher ya existe jurisprudencia sobre estas cuestiones, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1998, donde se señala que «el elemento determinante de un bien protegido se basa en factores objetivos. Por mucho que se cambie una ley los elementos objetivos [que han motivado la protección de un bien de interés cultural (BIC)] continúan. Quien interpreta la ley es quien aporta los elementos subjetivos. Y no se pueden cambiar unos por otros».

Por otro lado, la reforma de la ley anunciada por Francisco Camps no podrá rebajar los niveles de protección más allá de los mínimos que marca la ley estatal de Patrimonio de 1985, según recordaron ayer fuentes del Ministerio de Educación y Cultura. La voluntad del Consell de flexibilizar la ley de Patrimonio para agilizar actuaciones de los ayuntamientos tiene un tope legal en la normativa nacional cuyo marco de protección obliga a mantener las alineaciones urbanas existentes en los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC).

La reducción de trabas administrativas aplicadas a la incoación de expedientes de catalogación o descatalogación de bienes protegidos es muy compleja. Descatalogar un BIC como el barrio del Cabanyal necesitaría un mínimo de 20 meses. «La ley marca todo un ritual tanto para catalogar como para descatalogar que incluye unos plazos de exposición pública y consulta a los afectados que dificilmente se pueden reducir», aseguraron técnicos de la conselleria consultados.

Para anular la declaración BIC del Cabanyal -que en su día respaldaron el Consell Valencia de Cultura; la Universitat de València y la Politécnica- se requerirían «dos informes favorables expresamente a la descatalogación», según explica la ley autonómica.

Al respecto, fuentes del CVC manifestaron que en la actualidad« no hay nada que desvirtúe los valores que en su día hicieron al Cabanyal merecedor de la protección». Por más que se simplifique la ley autonómica, la Generalitat debería avalar el Real decreto de descatalogación al menos con un informe técnico «favorables y razonado» a favor de la retirada de la figura de protección, según marca el paraguas legislativo estatal. La jurisprudencia del TS deja claro que anular un BIC es una decisión técnico-jurídica y no política.

Incógnitas sobre las fundaciones de Camps

H.G., Valencia

La modificación de la ley de Patrimonio prevé la gestión del patrimonio a través de tres fundaciones. Dos de ellas ya construidas -la Luz de las Imágenes y la Jaume II El Just- , y una tercera de nueva creación denominada Renaixença, que se encargará del patrimonio inmaterial.

La Conselleria de Cultura no dio ayer más detalles acerca de la finalidad, funcionamiento, financiación y competencias de estas fundaciones que, tras la reforma, quedarán integradas en Patrimonio. La conselleria no aclaró ayer si estas instituciones podrían ser reconocidas por el Gobierno valenciano como órganos consultivos. La ley de Patrimonio establece que las instituciones consultivas son las universidades, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Consell Valencia de Cultura y «todas cuantas otras instituciones sean creadas o reconocidas por el Gobierno valenciano».

Por su parte, la secretaria de Cultura y Política Lingüística del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, afirmó ayer que «la reforma de la ley de Patrimonio busca satisfacer los intereses de ciertos ayuntamientos y favorece la especulación en lugar de la conservación, cuando esta norma está precisamente para lo contrario».

Según subrayó, un ejemplo de ello es «la intención del PP de eliminar los obstáculos que le impiden llevar a cabo el Plan del Cabanyal con la polémica prolongación de Blasco Ibáñez, cuando el Cabanyal es un Bien de Interés Cultural (BIC) que debe ser preservado».

Por su parte, el director general de Patrimonio, David Serra, aseguró ayer que el Gobierno del PP ha diseñado las leyes necesarias para recuperar y conservar de la mejor forma posible tanto el patrimonio material como el inmaterial de la Comunidad, reconocido por la Unesco. «Las leyes son para todos los ciudadanos y el Ejecutivo gobierna para todos los municipios. Las críticas socialistas no responden más que a una pobre visión de la importante labor que significa gobernar para todos los valencianos», añadió. Para Serra, es «imposible» superar una propuesta legislativa como la de Camps, «respaldada por los profesionales que trabajan cada día por la recuperación del patrimonio de la Comunidad».