El anuncio coincide con la inminente decisión de los jueces que suspendieron los derribos en el BIC

El Consell brinda a Barberá una vía legal para salvar su plan de El Cabanyal si el TSJ lo anula

2003-09-09Publicat per: Levante
El anuncio por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el conseller de Cultura, Esteban González, de la posibilidad de modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para facilitar intervenciones urbanísticas coincide en el tiempo con la inminente decisión del Tribunal Superior de Justicia acerca del plan del Cabanyal aprobado por el Ayuntamiento de Valencia y afectado actualmente por un auto de suspensión cautelar y parcial. Los responsables autonómicos y municipales intentan distraer la atención acerca de una relación directa entre ambos hechos e insisten en que esperan una sentencia favorable, pero la decisión de los jueces de suspender la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez al atravesar el ámbito del barrio declarado BIC y los problemas que ya hubo que salvar para aprobar el proyecto en su día (las «trabas administrativas» de las que ahora habla Camps) llevan a pensar en que la administración se esté preparando para un posible «revés» judicial.

Ayer, el primer teniente de alcalde y grandes proyectos del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, aseguraba no conocer los detalles de la modificación legal que plantea el Consell e insistía en que el gobierno municipal piensa seguir adelante con el planeamiento del Cabanyal «porque los hemos llevado en tres programas electorales y lo han ratificado con sus votos no ya los vecinos de la ciudad, sino los del propio Cabanyal». Sin embargo, lo que está claro es que, ante la posibilidad de una sentencia contraria en la línea del auto de suspensión, recurrir al Supremo y, mientras tanto, tramitar la modificación sería la solución política para la alcaldesa Rita Barberá.

Y también que, en su momento, primero en el momento de la validación del plan por parte de la Conselleria de Cultura, y después cuando se dictó el auto de suspensión, el ayuntamiento descartó iniciar el expediente para retirar la declaración de Bien de Interés Cultural. ¿Por qué? Porque el procedimiento actual es largo y complejo y se requieren los mismos informes favorables que para la declaración (en este caso, tres como mínimo) además de que muchos de los organismos se han pronunciado en contra. Cuando Cultura puso las primeras pegas, Barberá optó por encargar informes técnicos externos y con ellos logró finalmente vía libre.

En cuanto al recurso judicial, estos días vence el plazo para que los recurrentes -la plataforma Salvem el Cabanyal y la federación de asociaciones de vecinos- presenten las conclusiones finales. La administración -ayuntamiento y Generalitat- ya conoce por dónde van las argumentaciones jurídicas que ya sirvieron para la suspensión gracias a un recurso particular. El representante jurídico de Salvem, José Luis Ramos, cree que el anuncio sobre la ley puede ser una respuesta directa a las mismas.

Además, el ayuntamiento ha aceptado sin rechistar todas las pruebas periciales (más de una docena) presentadas por los recurrentes y, enfrente, sólo mantiene uno de los informes favorables. Los vecinos interpretan que, de algún modo, el gobierno de Rita Barberá «se rinde» en la vía judicial. Así las cosas, se espera que haya sentencia pronto. En caso de ser negativa al ayuntamiento, éste podría recurrir y, en tanto, la Generalitat tramitaría la modificación (quizá en la misma ley de acompañamiento de los presupuestos) de modo que el fallo final sería, como apuntaban los Salvem, «inútil». Sin embargo, los vecinos creen que chocarían con la ley estatal.