Salvem el Cabanyal dice que la modificación prevista anulará la próxima sentencia sobre el plan.

La oposición a Barberá ve un negocio inmobiliario en el cambio de ley para prolongar Blasco Ibáñez

2003-09-08Publicat per: Las Provincias
La decisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de modificar la Ley de Patrimonio Cultural y eliminar así 'trabas administrativas' para proyectos como la prolongación de Blasco Ibáñez, provocó ayer una cascada de reacciones contrarias en la oposición municipal en Valencia, que aduce como motivo un 'negocio inmobiliario'.
El portavoz municipal socialista, Rafael Rubio, dijo que el Consell tiene 'miedo' del poder judicial porque las leyes 'están para aplicarse' y no intentar cambiarlas, a su juicio, cuando se sabe que pueden tener una sentencia en contra.

El concejal comentó también que el cambio en la ley se hará para favorecer cuestiones de 'tipo inmobiliario' al desproteger elementos patrimoniales de gran valor.

La reforma de la normativa se debe, en opinión de Antonio Montalbán, portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, a que todo se quiere convertir en un 'motivo de negocio'. Añadió que lo que el presidente Camps llamó 'trabas administrativas' es en realidad la conservación de un bien cultural e histórico. Aludió a que falta una mayor altitud de miras para alcanzar un consenso en este asunto, para reafirmarse en que está en 'total desacuerdo' con la propuesta lanzada por la Generalitat. 'Hará inútil la sentencia', dijo tras leer la prensa el portavoz de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal-Canyamelar, Faustino Villora. Éste comentó que el anunciado cambio legislativo reconoce que en los últimos años han estado actuando 'al margen de la ley'.

Por esto tiene una 'responsabilidad', continuó esta persona, en la degradación urbanística de esta parte del Marítimo. En suma, vino a decir que intentan cambiar la ley 'de acuerdo a sus intereses particulares'.

Este interés puede ser 'inmobiliario o por un proyecto que consideran emblemático; el caso es que da igual porque la consecuencia es la misma'. La plataforma presentará esta semana las conclusiones en un juicio por la demanda contra los actos administrativos que condujeron a la aprobación del plan, y que se estudia en una sala del Tribunal Superior de Justicia.

El portavoz de la entidad apostó porque en el Cabanyal haya un plan con consenso ciudadano o será la 'ruina para todos'. La plataforma convocó ayer una reunión de urgencia, aunque no se descarta una asamblea dentro de escasas fechas, dada la importancia del asunto.

La presidenta de la Federación de Vecinos, Carmen Vila, anunció ayer que la entidad mantendrá la misma estrategia, es decir, esperar a la sentencia que debe fallar el Tribunal Superior este mismo año.

Acerca del anuncio de la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural, dijo que aunque un partido gobierne 'no está en posesión de la ciudad', para añadir que tiene 'plena confianza' en que los tribunales frenen el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.