Camps facilitará los trámites para descatalogar como zonas BIC el Cabanyal y el Benacantil

El Consell cambiará la ley para eliminar trabas a la prolongación de Blasco Ibáñez

2003-09-07Publicat per: Levante
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció ayer que ha pedido al conseller de Educación y Cultura, Esteban González Pons, «que haga las modificaciones en la Ley de Patrimonio» que permitan al Consell «poder ayudar a los ayuntamientos en determinados proyectos urbanísticos» que requieren de la «intervención de la Generalitat desde el punto de vista técnico». «Yo llevé la ley de Patrimonio para su aprobación [junio de 1998, cuando era conseller de Cultura] en una sesión especial de las Cortes en el Monasterio de la Valldigna, pero me he dado cuenta de que hay que cambiar cosas para apoyar nuevos proyectos», advirtió.

Camps no fue más preciso, pero estaba aludiendo a la necesidad de desbloquear la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez en Valencia y la construcción del Palacio de Congresos del Benacantil, en Alicante, a través de la eliminación de «trabas administrativas», como señaló con posterioridad el titular de Cultura. La ejecución de una parte del plan de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar fue suspendida cautelarmente por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictada en enero de 2002. El auto primaba por encima del proyecto de la alcaldesa, Rita Barberá la, la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de una parte del barrio afectado. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJ desestimó posteriormente el recurso de súplica presentado por el Ayuntamiento. La sentencia insistía en que su criterio contrario a la demolición de las seis manzanas de casas protegidas se fijaba «a la vista de la declaración de Bien de Interés Cultural de 3 de mayo de 1993 (...), por lo que una eventual modificación de tal declaración podría significar una reconsideración de la decisión». Sin embargo, Barberá nunca ha emprendido el proceso de descatalogación del Cabanyal, entre otras razones porque, según se establece en la Ley de Patrimonio (de 11 de junio de 1998), para desproteger una zona mediante Decreto del Consell, es necesario que previamente se tramite un expediente que incluya los mismos requisitos que la declaración de BIC.

La orden de proteger ese barrio marítimo fue avalada en su día por sendos informes del Consell Valencià de Cultura, del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València y por la Politécnica. Con la redacción actual de la ley, se requerirían otros tantos estudios en sentido contrario. En ese marco podría interpretarse las palabras de González Pons de «eliminar trabas administrativas» para facilitar la ejecución de un plan que cuenta con una combativa resistencia vecinal, que sigue en los tribunales y que, de momento, se ha saldado con el derribo de únicamente dos casas el pasado 22 de mayo. El plan del Palacio de Congresos del Benacantil de Alicante, que se ubicará en una zona también catalogada como BIC, también está inmerso en plena singladura judicial.