El derecho a la participación ciudadana

2003-03-01Publicat per: Levante
La iniciativa por la participación ciudadana en aquellos temas trascendentes para las ciudades, impulsada por distintos colectivos de ciudadanos, está dando lugar a algunos pronunciamientos personales sobre el tema. Entre las opiniones manifestadas, el miedo a la participación ciudadana y el lamento que no este reconocida por el derecho son las cuestiones que más han centrado mi atención. Sobre quienes temen a la participación ciudadana ya me pronunciare en otra ocasión, en el presente artículo me centraré sobre la existencia de un derecho de participación ciudadana negado por la administración y por muchos entre quienes defienden la misma como método de profundizar la democracia.

En primer lugar tenemos que la Constitución Española en tres de sus artículos hace referencia a la participación ciudadana. Concretamente el art. 9. ordena a los «poderes públicos promover las condiciones para remover los obstáculos que impidan o dificulten facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.» Mientras el art. 23. 1. declara el "derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente." Por otra parte, el art. 105 emplaza al gobierno para que mediante "ley regule la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten."

Como la finalidad de la Constitución es declarar principios que deben ser recogidos por las leyes que desarrollen los mandatos constitucionales, habrá que ver que dicen dichas leyes.

Por una parte, todos sabemos que para hacer efectiva el mandato del articulo 23 a la participación ciudadana directa en los asuntos públicos se aprobó la ley que regula el referéndum y la misma ley de iniciativa legislativa (pensar en la experiencia reciente, la ILP de L`Horta) respondería al mismo mandato.

Por otra parte, para remover los obstáculos que impiden la participación y hacer efectiva la audiencia de los ciudadanos (mandatos arts. 9 y 105 CE), por lo que yo sé, la audiencia por medio de las organizaciones y asociaciones está ampliamente regulado. Recordar las asociaciones de profesionales, empresariales, sindicatos, consumidores, ecologistas, etc., .. que tienen reconocido el derecho de consulta y audiencia en aquellos asuntos públicos que afecta a sus asociados, y sobre todo, respecto las normas administrativas que les afectan. Que todo ello sirve para poco es otra cuestión que no viene al caso ahora.

Es cierto que no existe una Ley especifica que regule con carácter general la audiencia directa a los ciudadanos, pero las leyes referidas al uso del suelo si que han desarrollado el derecho de consulta previa a los afectados de todo proyecto de urbanización o de actividad económica con incidencia sobre sus vecinos.

A modo indicativo podemos citar: la Ley del Suelo de 1976 (ley preconstitucional), ya ordenaba suscitar la iniciativa privada. Mientras la Ley del Suelo del 92 establecía el deber de la administración publica de asegurar la participación de los interesados y entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares en la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico.

Posteriormente es la Ley Urbanística Valenciana del 94 la que ordena que en la fase de redacción técnica de los planes la entidad promotora formulará consultas y formalizará acuerdos entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente." Esta Ley a diferencia de las dos anteriores omite incluir la fase de gestión del plan. Pero ello no tiene efectos prácticos porque la nueva Ley del Suelo de 1998, (LRSV): ordena la administración pública garantizar la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión. Sin embargo, dado el carácter de legislación estatal básica del estado de la Ley 6/98 (LRSV) es de aplicación directa en las CCAA aún en el supuesto que esta tengan transferidas las competencias urbanísticas e ignoren la participación ciudadana en la fase de gestión (ejecución de los Programas de Actuación Integral).

Hay que tener presente que cuando la legislación estatal dice en la formulación, y la valenciana en la fase de redacción técnica se están refiriendo a la fase previa de acumulación de datos para redacción de un anteproyecto de nuevo plan. Sin embargo entre los muchos expedientes administrativos de planes que he consultado jamás he encontrado ningún folio donde conste la consulta de los afectados. Por otro lado, cabe señalar que ley estatal regula la participación ciudadana no solamente en el desarrollo del Planeamiento sino también en su fase de gestión (ejecución) que ya establecía la Ley del Suelo del 92 y que la Ley Valencia inexplicablemente omite.

Al amparo de las normas citadas en Tribunal Suprema ha consolidado una amplia jurisprudencia que dice textualmente "Los Planes de ordenación urbana constituyen una decisión capital que condiciona el futuro desenvolvimiento de la comunidad, afectando por tanto de forma trascendental a la calidad de vida de los ciudadanos; de ahí la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de los planes, recibiendo con ello la necesaria legitimación democrática y eliminando o atenuando las tensiones a la hora de su ejecución".

Para concluir, interesa aclarar que la legislación urbanística valenciana (LRAU) establece la audiencia, la consulta y la información pública, como tres marcos de participación ciudadana diferenciados. Los dos primeros casos deben darse dentro de los actos preparatorios, en la fase de redacción técnica.

Por audiencia debe entenderse la obligación de consultar con los afectados e interesados al objeto de poder establecer acuerdos. La consulta va referida a otras administraciones, entidades e instituciones representativas del ámbito de la actuación urbanística. En ambos casos la ley obliga a que se refleje su resultado por escrito en el expediente. Por último la información pública tiene por finalidad poner a disposición de todos los ciudadanos en general el proyecto elaborado en la fase de redacción técnica y que se propone aprobar. En ningún caso el cumplimiento de la fase de exposición pública puede suplir el derecho de consulta y audiencia previa de los afectados.
José Luis Ramos - Abogado, miembro de la plataforma Salvem el Cabanyal