El conseller compara la polémica con la de la pirámide del Louvre y asegura que no cambiará el BIC

Tarancón dice que no puede ser «militante» a favor o en contra del plan del Cabanyal

2002-03-08Publicat per: Levante
El conseller de Educación y Cultura, Manuel Tarancón, se esforzó ayer en desvincular a la Generalitat del plan del Cabanyal, la ampliación de Blasco Ibáñez impulsada por el Ayuntamiento de Valencia que supondrá la eliminación de centenares de viviendas ubicadas en un barrio declarado Bien de Interés Cultural. Tarancón, quien compareció a petición de Esquerra Unida en la comisión de Educación de las Cortes, repitió que el Consell «tan sólo certifica la legalidad» de la actuación, ya que la política urbanística «es competencia del ayuntamiento». «Nuestra función es sólo de reserva de legalidad; no estamos ni a favor ni en contra del proyecto del ayuntamiento», dijo Tarancón, quien replicó a la oposición, que le reclamó que interviniera para frenar el plan, con estas palabras: «El Consell no puede ser militante [a favor o en contra del plan]. No busquen una militancia en la Generalitat porque no la van a tener». «Personalmente se puede estar a favor, yo lo voté como concejal en su momento, pero la Generalitat no debe estar ni a favor ni en contra», aseveró, semanas después de que el TSJ decretara la suspensión de las actuaciones que supongan derribo de inmuebles hasta que resuelva la denuncia contra el plan. «Barberá y la Brunete del cemento» A preguntas del socialista José Camarasa, el responsable de Cultura aseveró que su departamento «no tiene ninguna intención de cambiar la declaración de BIC» en el caso de una eventual sentencia contraria al ayuntamiento. Camarasa denunció la «connivencia» del equipo de gobierno de Rita Barberá con «la Brunete del cemento». Ramón Cardona, de EU, pidió al conseller que «no se inhiba» ante un proyecto que implicará «la destrucción de 450 inmuebles y el desplazamiento de 2.000 personas», y aseguró que, por más que «se retuerza», el proyecto «vulnera la ley de patrimonio». El diputado contrapuso las consecuencias de la ampliación con la paralización de licencias de obras durante diez años para evitar que se perjudicara el barrio, «algo que ha podido traer su deterioro en parte». Tarancón replicó que la ley invita a interpretaciones «subjetivas» al prohibir estas actuaciones, «excepto que contribuyan a la mejora general del entorno». La clave, recalcó, es ésa, si el proyecto mejora o no el conjunto, algo «opinable», si bien insistió en que es «el ayuntamiento, no la Generalitat, el que ha de aportar la carga de la prueba», algo que hizo con los estudios complementarios que presentó y «que permitieron que el Consell entendiera que sí se mejoraba el conjunto» e informara favorablemente el plan. Comparó la polémica con la que levantó la pirámide del Louvre o el Centre Pompidou, «que hoy todo el mundo aplaude». Indicó que el auto «no es más que una cautela» hasta que se falle la legalidad del plan, y apostilló: «Ojalá hubiéramos tenido eso en Sagunto».