Rechaza el recurso del Ayuntamiento y reafirma su derecho a suspender actos administrativos

El TSJ mantiene la suspensión del 2,2% del Plan de El Cabanyal hasta que dicte sentencia

2002-02-28Publicat per: El Mundo
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó ayer los recursos del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat sobre la suspensión cautelar del 2,2% del Plan de El Cabanyal que esta misma sala decretó hace dos semanas.

Los magistrados aseguran en la contestación al recurso que tienen “potestad jurisdiccional” para “suspender las disposiciones y actos de las administraciones”, y que por ello “en absoluto cuestionan” la función de los partidos políticos o los programas electorales. Mantienen, sin embargo, que las obras en el tramo que han decidido preservar cautelarmente de cualquier actuación “resultarían prácticamente irreversibles”.

Esta paralización temporal de cualquier obra o demolición en el tramo de la futura prolongación de Blasco Ibáñez incluido en el ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC), según recuerda la sala, “no prejuzga acerca de si la actuación administrativa es o no ajustada a derecho, ni de si las previsiones del plan suponen o no una alteración de la estructura y trama del barrio de El Cabanyal, pues ello deberá decidirse en la sentencia que ponga fin al procedimiento principal”.

Lo que si que parece haber molestado a la sala es la acusación que el letrado del Ayuntamiento de Valencia hizo en su recurso sobre los supuestos condicionamientos políticos de los magistrados y en base a esto asegura que “lo que no cabe admitir es que se venga a cuestionar la probidad del Tribunal cuando se señala que la suspensión pudiera interpretarse como un gesto o como una toma de posición o de rechazo a Ejecutivo más político que jurídico”.

Tampoco ve la sala, y así lo asegura en su escrito, que su decisión suponga una injerencia en los poderes del Ejecutivo. En cualquier caso, anima a la Corporación municipal a que si es esto lo que cree “lo que procede es que plantee el correspondiente conflicto de jurisdicción”.

Tampoco comparten los magistrados la opinión del Ayuntamiento sobre la defensa de los intereses generales por parte del equipo de Gobierno elegido democráticamente en las urnas y la salvaguarda, por parte de las asociaciones que cuestionen en este pleito la legitimidad del plan, de los intereses particulares. Según la sala, en este conflicto concurre un doble interés: “el urbanístico, que aconsejaría la prolongación de Blasco Ibáñez; y el de conservación de El Cabanyal-Canyamelar, con su actual trama urbana”. A ambos los considera “intereses generales”. Además añade que en este conflicto “no significa que quien discrepa (...) esté defendiendo un interés particular”.

Los pleitos siguen

Rita Barberá ya advirtió cuando anunció la presentación del recurso que ayer rechazó la sala de lo Contencioso-Administrativo que, si no era atendido, acudirían a una instancia superior, es decir, el Tribunal Supremo. Sin embargo, también entonces la alcaldesa reconoció que recurrir ante el Supremo supondría que su auto coincidiera con la sentencia pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad acerca de la legalidad del plan municipal.

Ayer mismo se producían las primeras reacciones políticas al nuevo escrito judicial. El concejal delegado de urbanismo, Miguel Domínguez, recordó que la suspensión cautelar de “una pequeña parte del plan” confirmada ayer por la sala del TSJ, “no significa que no podamos seguir actuando en el resto del barrio”. De hecho, insistió Domínguez, el Ayuntamiento ha adquirido varias casas para rehabilitarlas y realojar a afectados. Por su parte, el concejal socialista Rafael Rubio aseguró que los tribunales “han demostrado a Barberá que las administraciones no pueden hacer lo que quieran y tienen que someterse a la legalidad”. Destacó que la “sala le reprende por dudar de su imparcialidad política en este caso”.