Alega tras el recurso municipal que los redactores de los informes técnicos son interesados

“Salvem” rectifica y se conforma con la suspensión del 2,2% del Plan de El Cabanyal

2002-02-22Publicat per: El Mundo
La plataforma Salvem el Cabanyal presentó el pasado día 19 las alegaciones al recurso de súplica que el Ayuntamiento de Valencia hizo llegar a la sala de lo Contencioso-Administrativo, tras el auto que determinó la suspensión cautelar del tramo de la prolongación de Blasco Ibáñez incluido la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Pero, tal y como avanzó EL MUNDO, esta organización no ha presentado un recurso contra ese auto de suspensión parcial, que afecta únicamente al 2,20% del Plan Especial de Protección y Reforma de El Cabanyal, aunque en su demanda solicitaba la paralización total de la actuación municipal, al menos en la zona protegida.

Sus alegaciones al recurso municipal, sin embargo están en la línea del discurso mantenido por los salvem desde el principio y se refieren al auto de suspensión cautelar y parcial de la Sala del Tribunal Superior de Justicia como si afectase al ámbito general que abarca el plan municipal para reforma El Cabanyal y prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Entre sus réplicas al recurso municipal, el abogado de la plataforma, José Luis Ramos, destacó que “el ayuntamiento no utiliza argumentos jurídicos sino que se basa en un discurso político”, todo y pese a que el jefe de los servicios jurídicos del consistorio, Néstor Ramírez, ya había replicado este mismo argumento a la portavoz del grupo socialista, Ana Noguera.

En el escrito de la plataforma Salvem El Cabanyal se infravalora a los redactores de los informes solicitados por el Ayuntamiento de Valencia para aportar ante la Conselleria de Cultura y justificar la legalidad e idoneidad del plan, entre los que se encuentra el arquitecto Alejandro Escribano, director del equipo que redactó el Plan General de Ordenación Urbana en 1988. Aseguran que “sólo uno de los cinco es funcionario vinculado a la administración de urbanismo o de arquitectura. El resto mantienen un vínculo interesado con la administración actuante y los promotores potenciales de la ejecución del proyecto”.

En esta misma línea, elogian la actuación de la Unidad de Inspección de la Dirección General de Patrimonio, de donde salió el único informe técnico de una administración que, hasta ahora, ha cuestionado con firmeza el plan municipal. En las alegaciones aseguran que “la Dirección Gral de Patrimonio no ha intervenido en la designación de los técnicos cuyos dictámenes se han utilizado para fundamentar la resolución del 5 de enero (la que dio vía libre a la aprobación del plan)”, lo que en su opinión delata a las claras que la resolución la habían decidido políticamente, prescindiendo de cualquier evaluación técnica”. Esto último resulta contradictorio porque primero reconoce que Patrimonio no eligió a los técnicos que hicieron los informes y luego asegura que no hubo evaluación técnica. La conclusión, según su criterio, es que “todo ello permite tener dudas más que razonables respecto a que en el Plan Especial esté plasmado el interés público”.

El abogado de la plataforma, José Luis Ramos, también destacó entre las alegaciones, el que ganar unas elecciones “no legitima para cualquier cosa” y puso como ejemplo que “si un gobierno quiere hacer un palau de la música en medio de la Albufera, no podría”.