En el recurso contra la suspensión de la obras pide que prevalezca el interés general.

El Ayuntamiento ve un rechazo “más político que jurídico” en el auto de El Cabanyal

2002-02-07Publicat per: El Mundo
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia consideran que en el plan de El Cabanyal son las administraciones local y autonómica las que velan por el interés general frente al particular de uno o varios colectivos. Creen que la suspensión cautelar de parte del proyecto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo supone una intromisión del poder judicial en el ejecutivo y sugieren que esta paralización puede interpretarse como “un rechazo al Ejecutivo más político que jurídico”.

Estos son algunos de los argumentos que incluye el recurso de súplica presentado ayer por el jefe de los Servicios Jurídicos municipales, Néstor Ramírez, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que la semana pasada acordó, con el voto de 9 de los 15 magistrados que la componen, ordenar la suspensión cautelar del Plan de El Cabanyal en el tramo de la prolongación de Blasco Ibáñez incluida en el ámbito considerado Bien de Interés Cultural.

El equipo de abogados asegura en su recurso que “suspender las actuaciones administrativas supone dar prevalencia a unos intereses en definitiva privados (de un sector o grupo), frente al interés general (Generalitat y Ayuntamiento)”. Además, considera que la sala que dictó el auto de la suspensión cautelar “contrapone el interés público derivado de la conservación del patrimonio histórico con el urbanístico, disociando lo indisociable en una equivocada valoración de intereses que pierde de vista quiénes son las verdaderas partes del proceso y quiénes son los que representan y protegen el interés general”. En esta línea añade tajante que “no puede olvidarse que son el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, los demandados, quienes representan a la mayoría de los ciudadanos valencianos”.

Tras esta réplica global al hecho de que la sala considerara a los demandantes (Federación de Asociaciones de Vecinos, Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal, Asociación de Propietarios Pavimar y un grupo de particulares) como defensores del interés general, los abogados recuerdan que “la mayoría de los ciudadanos, al votar al partido que hoy forma gobierno en el Ayuntamiento, otorgó su respaldo mayoritariamente a la prolongación del Paseo de Blasco Ibáñez”.

Inmediatamente después, los servicios jurídicos analizan una por una las entidades que demandaron al Ayuntamiento y concluyen que todas exigen unos requisitos para formar parte de ellas, lo que consideran una prueba de la defensa de intereses particulares frente a los generales. En el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos, los letrados reconocer que “aunque pueda parecer que representa una mayor pluralidad de intereses (...) no puede olvidarse que para entrar se requiere una votación (...)”, una condición que califica de “reservado el derecho de admisión” y que , en su opinión, “convierte en cuestionable la representación de la Federación dentro del marco democrático”.

Otro contundente argumento de los abogados municipales es el que justifica que la decisión de la sala “supone una intromisión del poder judicial en la esfera de actual del Ejecutivo, intromisión imposible de justificar”.

Tras esta acusación, el recurso sentencia que “no existe razón ninguna para haber decretado la suspensión, hasta el punto de que alguien pudiera interpretar lo hecho como un gesto o una toma de posición de rechazo al Ejecutivo más político que jurídico”.

El concejal delegado de Urbanismo, Miquel Domínguez, presentó ayer junto al jefe de los Servicios Jurídicos, Néstor Ramírez el recurso de súplica contra el auto de la Sala de lo contencioso-administrativo que decretó la suspensión cautelar del Plan de El Cabanyal en el tramo de la prolongación de Blasco Ibáñez incluido en la zona BIC.

Domínguez, que reiteró como ya hizo la alcaldesa “máximo respeto al auto de la sala”, insistió en que los argumentos empleados por los abogados del Ayuntamiento son “puramente jurídicos y técnicos, sin una intencionalidad política concreta fuera de la defensa del proyecto que engloba el Plan”.

Un millón de euros como fianza

Además de la defensa del interés general proclamada en el recurso municipal, el concejal destacó que se ha pedido a la sala que, en el caso de rechazar el recurso, exija a los demandantes una fianza de un millón de euros. El objetivo, según Domínguez, es “no abrir la veda a las peticiones indiscriminadas de suspensiones de actos administrativos que perjudican al interés general que defienden las administraciones pero que asi no afectan a quien demanda”.

Los servicios jurídicos explican en el escrito presentado ayer que dado que los partidos políticos concurren a una elecciones y que esto tiene un coste “quienes dicen defender intereses públicos no han de tener un trato especial”. Piden, por tanto, que se les exija una fianza “con la seguridad de que, de tener éxito en sus pretensiones judiciales se les devolverá hasta el último euro”. “Cualquier otra forma de actuar daría ventaja a quienes se oponen a la gestión de los políticos elegidos en las urnas” Insisten los abogados en que “es incuestionable que la paralización de un plan de Protección ocasiona perjuicios tanto a la Administración como a aquellos propietarios, que los hay y muchos, que deseaban enajenar sus inmuebles al Ayuntamiento.

Sobre la protección histórica que incluye el plan incide también el auto al recordar que “no se trata de un plan de urbanismo que ha ignorado la normativa de protección de conjuntos históricos” sino que tiene el visto bueno de Cultura y Obras Públicas. Recuerda además que el planeamiento es una competencia de las administraciones y que “cuando el PSOE formaba gobierno postulaba por la prolongación y sólo ha cambiado de criterio y se ha alineado con los demás recurrentes cuando ha pasado a la oposición”.