El Consistorio pide una fianza de 1 millón de Euros por la paralización parcial

Ayuntamiento y Generalitat recurren la suspensión del Plan de El Cabanyal

2002-02-07Publicat per: ABC
Tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura, presentaron ayer sendos recursos de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para intentar que se desbloquee la paralización parcial del Plan Especial de Reforma Interior de El Cabanyal aplicada la semana pasada
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, dio a conocer ayer el recurso de súplica que han presentado los servicios jurídicos del Consistorio ante la paralización parcial del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Cabanyal que afecta a parte de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

Domínguez indicó que la base del recurso ha sido meramente jurídica y apoyada en datos técnicos que “justifican la idoneidad del plan para el barrio y que demuestran que no causa ningún perjuicio para el patrimonio de la ciudad”

Petición de fianza

El Ayuntamiento presentó ayer este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el último día que tenía de plazo, al igual que ha realizado la Generalitat Valenciana, ya que la Conselleria de Cultura es su día informó favorablemente sobre la ejecución de este plan.

La principal novedad de este recurso se centra en que el Ayuntamiento estima que el TSJ debería pedir a los demandantes que depositen una fianza de un millón de euros (166 millones de ptas.), ya que “se crea un mal precedente si cualquier particular puede paralizar un planeamiento urbanístico de la Administración sin más, cuando se supone que defiende los intereses generales de la población”, indicó Domínguez.

La argumentación esgrimida para pedir que se fije una fianza, según reza el texto del recurso, es que “es incuestionable que la paralización de un Plan de Protección ocasiona perjuicios tanto a la Administración como a aquellos propietarios, que los hay y muchos, que deseaban enajenar sus inmuebles al Ayuntamiento de Valencia”.

Según el recurso presentado, de no fijarse fianza “daría ventaja a quienes se oponen a la gestión de los políticos elegidos en las urnas sobre estos mismo políticos, ya que les bastaría para impedir la acción política alegar que defiende intereses generales para conseguir gratuitamente sus propósitos”.

Basado en el voto particular

Al margen de esta petición de fianza el recurso se apoya jurídicamente en los argumentos que emitió en su día el voto particular que discrepaba de la suspensión cautelar de parte del plan.

El concejal de Urbanismo matizó que “aquí se debe presumir la legalidad de las acciones de la Administración, aunque somos respetuosos con el auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ”.

En caso de que este recurso de súplica no prosperara, el Ayuntamiento redactaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque tardaría unos dos años en resolverse. Precisamente, ese es el tiempo estimado para que el TSJ de la Comunidad Valenciana se pronuncie sobre la legalidad o no del PERI de El Cabanyal.

Domínguez también defendió el plan de reforma de este barrio del Distrito Marítimo de Valencia “al conjugar mejora urbanística y protección, lo que conlleva igualmente, la mejora de lo protegido”