El ayuntamiento considera el auto una «intromisión del poder judicial» en el ejecutivo

Rita recurre el auto del Cabanyal y se arroga el interés general frente al privado de los vecinos

2002-02-07Publicat per: Levante
El recurso de súplica que el Ayuntamiento de Valencia presentó ayer, último día de plazo, contra el auto de suspensión cautelar de una parte del plan del Cabanyal argumenta que la administración municipal, su gobierno, representa los intereses generales frente a los particulares a los que se vincula a todos los recurrentes y que debe presuponérsele el principio de legalidad. El ayuntamiento pretende que se levante la suspensión, que considera una «intromisión» del poder judicial en el ejecutivo.

El recurso, redactado por el decano del servicio jurídico municipal, apoya buena parte de su argumentación en intentar demostrar que el interés general debe prevalecer tanto a la hora de resolver el contencioso como a la de decidir la paralización cautelar. Muy critico con los magistrados del pleno de la sala de contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a los que reprocha que hayan «prejuzgada» el fondo del asunto, indica que «utiliza una técnica verdaderamente inusual, al contraponer el interés público derivado de la conservación del patrimonio histórico con el urbanístico, disociando lo mdi-sociable y en una equivocada valoración de intereses se pierde de vista quiénes son las verdaderas partes del proceso y quiénes son los que representan y protegen el interés general. No puede olvidarse que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, los demandados, son quienes representan a la mayoría de los ciudadanos valencianos, incluyendo a los del Cabanyal». Abundando más, añade que «suspender las actuaciones administrativas supone dar prevalencia a unos intereses, en definitiva privados, frente al interés general"

Y en este punto cita los estatutos de cada una de las asociaciones que solicitaron suspensión (Salvem, Pavimar y Federación de Asociaciones de Vecinos) para concluir que tienen «reservado el derecho de admisión», de lo que, interpreta, se infiere que «convierte en cuestionable la representatividad de la federación dentro del mareo democrático de nuestra sociedad». Esta afirmación produjo una inmediata reacción de indignación en la presidenta de la federación, Carmen Vila.

En materia urbanística se entra sólo para sostener que el plan en sí no supone ningún derribo y que el proyecto es protector. Sin embargo, en una «hipótesis del futuro», se llega a señalar que, aun cuando comenzase la ejecución, la protección de la trama «se conservaría igualmente mediante la erección de nuevos edificios en el lugar en que se hubieran derribado siempre y cuando se respetaran las mismas alineaciones y alturas», cosa que no ocurre en la parte de la prolongación. Al PSPV se le critica su «cambio de criterio» y se cita la memoria del PGOU, donde se defendía la avenida como «objetivo irrenunciable».

El delegado de urbanismo, Miquel Domínguez, en una comparecencia mucho más suave que los términos en que está redactado el recurso, señaló que éste debe interpretarse en clave técnico-jurídica, en un intento de «quitar hierro» sobre todo al apartado que cuestiona la representatividad de las asociaciones. Domínguez insistió en que la intención del gobierno es llevar adelante el plan excepto en el área en suspenso «por el bien del conjunto de los ciudadanos y especialmente los del Cabanyal». La Generalitat Valenciana también ha presentado recurso. El ayuntamiento no descarta llegar al Supremo si el TSJ confirma la suspensión.

FUNDAMENTOS

Jurisprudencia: El recurso se apoya en el auto de archivo de la querella del caso Cabanyal, en la «legitimidad que dan las urnas», en jurisprudencia y en el voto particular rubricado por siete magistrados.

Derribos: La suspensión se considera innecesaria porque la aprobación del plan no conlleva derribos.

Perjuicios: Se habla de perjuicios a la administración y a los propietarios de la zona suspendida que deseaban enajenar sus casas.

Salvem espera que el recurso no prospere

P. Varea. Valencia

Los vecinos del Cabanyal-Canyamelar auguraron ayer tarde poca vida al recurso de las administraciones valencianas. «No prosperará». Ese fue el comentario general y la valoración del abogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, en la asamblea general, la primera de esas características después de conocerse la suspensión, que se celebró ayer en el salón de actos de la Residencia de El Carmen. No sentaron tampoco muy bien los comentarios vertidos en el recurso sobre la defensa de lo particular de Pavimar y de otras entidades.

El portavoz de la plataforma, Faustino Villora, informó a los asistentes, que llenaron el salón de actos, de lo sucedido en la última semana y de que «no se puede tocar nada en el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. No sólo la suspensión atañe a la zona protegida sino a todo». Y así lo aseveró el abogado.

Una de las novedades de la asamblea de ayer fue la presencia de representantes de partidos políticos. La plataforma invitó a todas las formaciones pero sólo asistieron UY con Amparo Picó y Francisco Terencio; EU, con su portavoz en el cap i casal Antonio Montalbán y la portavoz socialista, Ana Noguera, encabezando la representación del PSPV, los ediles Juan Soto y José Sellés, así como un dirigente de la Agrupación Socialista del Marítimo.

La portavoz del grupo socialista fue de las primeras en hablar ante los vecinos del barrio de los Poblados Marítimos y tanto ella como los demás representantes coincidieron en señalar que la alcaldesa debería entrar a dialogar con los dirigentes de los colectivos vecinales y, «si persiste en su actitud de imponer lo que debería hacer es marcharse», afirmaron ante todos.

La asamblea terminó con la satisfacción de los vecinos de haber logrado lo que muchos daban por perdido, aunque sea provisional.