El ayuntamiento descartó iniciar el expediente para retirar la declaración de Bien de Interés Cultural cuando aprobó el plan y ha vuelto a hacerlo ahora a pesar de la suspensión cautelar.

Miedo a desproteger el Cabanyal

2002-02-03Publicat per: Levante
El Ayuntamiento de Valencia tiene a su alcance la solución a la suspensión cautelar de una parte del planeamiento del Cabanyal decretada por la sala de lo contencioso-administrativo por el “choque” de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez con la ley de Patrimonio, pero siempre la ha descartado. La alcaldesa no quiere ni oír hablar de promover la descatalogación de parte del barrio como Bien de Interés Cultural pese a que la ley prevé el procedimiento, eso sí, largo y complejo.
El barrio del Cabanyal , su núcleo original, fue incluido en 1978 en el expediente incoado por el Ministerio de Cultura para su inclusión, junto a otras cinco zonas, en el conjunto histórico-artístico de Valencia. Tras modificarse las delimitaciones y el traspaso de competencias, la Generalitat Valenciana culminó este proceso con la declaración de todo el conjunto como Bien de Interés Cultural el 3 de mayo de 1993. Con el tiempo, ese carácter de BIC, con la protección que conlleva, se ha convertido en el primer obstáculo que el plan especial de reforma interior aprobado por el Ayuntamiento de Valencia no ha podido salvar, al menos en parte, debido al “choque” que supone la penetración de una avenida de 48 metros de anchura –la prolongación de Blasco Ibáñez- por este ámbito.

El expediente de declaración de BIC, contó con tres informes favorables, los del Consell Valencià de Cultura, la Universidad Politécnica y el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València y valoró, en el caso del Cabanyal, el desarrollo de “una peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de las antiguas barracas, en las que se desarrolla un arquitectura popular de clara raigambre eclecticista”.

La ley de Patrimonio Cultural Valenciano (11 de junio de 1998) dedica su capítulo III a los Bienes de Interés Cultural. El conjunto histórico se define como la agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, claramente delimitable y con entidad cultural propia e independiente del valor de los elementos singulares que la integran. Para instruir un expediente de BIC se exigen los informes favorables de al menos dos de las siguientes instituciones consultivas: Consejo Valenciano de Cultura, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, las universidades de la comunidad Valenciana y los Consejos Asesores de Archivos y Bibliotecas, de Arqueología y Paleontología.

La ley prevé el mecanismo contrario, la extinción de la declaración de BIC, mediante un decreto del Consell, “previa la tramitación de expediente, incoado de oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, con los mismos requisitos y garantías exigidos para la declaración”. Cabe deducir, por tanto, que puesto para la declaración se produjeron tres informes favorables, para la descatalogación serían necesarios, cuanto menos, otros tantos.

El equipo de gobierno de la alcaldesa Rita Barberá no quiso solicitar la descatalogación, a pesar de conocer la legislación y de haber puesto en duda públicamente tanto el valor real del Cabanyal histórico protegido como la objetividad con que se produjo la declaración. Cuando la Conselleria de Cultura puso las primeras pegas, el gobierno optó por encargar informes técnicos externos y defender que, pese a todo, la ampliación de la avenida no contraviene la protección de la zona.

El auto judicial insistía en la vía: “desde luego tales consideraciones se hacen a la vista de la declaración de Bien de Interés Cultural de 3 de mayo de 1993 anteriormente referida, por lo que una eventual modificación de tal declaración podría significar una reconsideración de la decisión”. Pese a esta claridad, el delegado de urbanismo, Miquel Domínguez, ya ha dejado claro que no serán ellos quienes descataloguen. ¿Por qué? Quizá por la complejidad de la tramitación, porque la alcaldesa no quiere pasar a la historia como la persona que levantó, posiblemente por primera vez, una protección patrimonial o tal vez porque no confía en conseguir los informes favorables necesarios. Casi todos los organismos que deberían informar se han pronunciado con más o menos contundencia en contra.