El auto del TSJ apunta la alternativa de descatalogar el barrio para ejecutar el proyecto

Barberá no cambiará nada en el plan del Cabanyal para prolongar Blasco Ibáñez

2002-02-02Publicat per: Las Provincias
El Ayuntamiento no solicitará la descatalogación del núcleo histórico del Cabanyal, único escollo en este momento para llevar adelante la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) impide los derribos en ese tramo
El Ayuntamiento no hará uso, por el momento y a la espera de la sentencia sobre el plan del Cabanyal, del único mecanismo legal válido para llevar adelante la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar después de la suspensión cautelar decretada por el TSJ y que implicaría la descatalogación del núcleo histórico del barrio.

El concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, reiteró ayer su “máximo respeto al auto y a la declaración de Bien de Interés Cultural”, en consonancia con el planteamiento municipal de que la prolongación no va en contra de la protección, sino a favor de la rehabilitación de la zona. “No pretendemos que se descatalogue, a pesar de las circunstancias en que se hizo” aseguró el edil popular.

La declaración como Bien de Interés Cultural del núcleo original del ensanche del Cabanyal en 1993 por parte del gobierno autonómico ha conllevado la suspensión cautelar del planeamiento en esta zona. Sin embargo, los magistrados del tribunal afirman en el auto, notificado a las partes el pasado jueves, que “una eventual modificación de la declaración podría significar una reconsideración de la decisión”.

La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano recoge la posibilidad de descatalogar un bien protegido por parte de la Generalitat a instancia de una institución o administración pública. Como requisito la norma autonómica establece la necesidad de aportar informes favorables de tres instituciones vinculadas a los aspectos histórico artísticos.

Esta misma protección es la que rige en los centros históricos de Benimaclet, y en los barrios de Ciutat Vella, sin que hasta ahora se haya dado el caso de la descatalogación de algunos de estos ámbitos.

En la zona protegida del Cabanyal hay 447 propietarios que según el delegado de Urbanismo “no podrán recibir licencia para rehabilitar sus viviendas con el plan en la mano”, aunque dejó abierta la concesión de permisos a la voluntad del equipo de gobierno. “En cualquier caso deben saber que cualquier tipo de mejora no redundará en un mayor aprovechamiento económico en el proceso de expropiación cuando se lleve a cabo”, explicó el edil en rueda de prensa.

Junto a los primeros derribos de los inmuebles situados en la parte posterior de la estación del Cabanyal, se acometerán las expropiaciones para los equipamientos públicos previstos en el plan de reforma y la rehabilitación del cine Musical que se inaugurará a finales del año.

Para evitar que el conjunto histórico, comprendido entre las calles Escalante y Doctor Lluch, sufra un proceso de degradación frente al resto del barrio en el que sí que se ejecutarán las obras de rehabilitación el concejal socialista, Rafael Rubio, solicitó ayer que se apliquen las normas del Plan General “que es el que deber regir con carácter inmediato” algo que según Domínguez “es imposible porque ya hay aprobado un plan, aunque esté suspendido cautelarmente”.

Rubio acusó al equipo de gobierno de querer dividir a los vecinos del barrio y crear un conflicto social y calificó la decisión de iniciar la prolongación en los tramos no protegidos de locura urbanística. “Si Barberá quiere hacer la prolongación que inicie el proceso de descatalogación y que deje aparte otros argumentos, como el de las urnas, que no tienen nada que ver con la decisión de los tribunales”.

Por su parte, la plataforma Salvem El Cabanyal, una de las entidades apelantes, lanzó ayer a través de un comunicado un llamamiento al diálogo, al consenso y a la participación de todas las partes implicadas para llegar a un acuerdo sobre el futuro del barrio. Los salvem piden al Ayuntamiento que “utilice las posibilidades que le dejan los jueces para invertir, rehabilitar y definir un plan de ayudas, en lugar de realizar declaraciones amenazantes contra los vecinos”.

Barberá anunció el jueves que presentará un recurso de súplica ante la sala de lo contencioso del TSJ en el plazo de cinco días que deberán resolver los mismos magistrados que han decretado la suspensión cautelar de parte del plan por ser contrario a la protección.