El PP sólo dará licencias en la zona suspendida del Cabanyal si se renuncia a indemnizaciones

Suspensión cautelar y parcial del plan. Consecuencias Urbanísticas

2002-02-02Publicat per: Levante
El gobierno municipal descarta solicitar la descatalogación como Bien de Interés Cultural del barrio. Los vecinos censura que la alcaldesa “quiera enfrentarlos. Los vecinos censuran que la alcaldesa “quiera enfrentarnos”
El auto que suspende de forma cautelar una zona del planeamiento del barrio del Cabanyal ha dado pie a todo tipo de interpretaciones acerca de sus consecuencias urbanísticas. El concejal socialista Rafael Rubio entiende que, suspendido el nuevo plan, operan las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, cabe cualquier obra de rehabilitación e incluso nueva planta siempre que no exceda de dos alturas. En cambio, el gobierno municipal considera que no puede autorizarse ninguna clase de obra y que en todo caso, el propietario debería renunciar a reclamar en su día el valor añadido del edificio.

El delegado de urbanismo, Miquel Domínguez –quien ayer hacia las funciones de alcalde accidental- insistió en que el ayuntamiento seguirá adelante con el plan del Cabanyal excepto en el área suspendida. Los socialistas, sin embargo, dan por hecho que no se iniciará la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y se continuará tras la zona suspendida “porque sería una barbaridad que nadie en su sano juicio se plantearía, un Guiness del despropósito urbanístico”.

El secretario general del PSPV en Valencia, Rafael Rubio, va más allá y asegura que también el fin “teleológico” del auto es proteccionista y por tanto paraliza los derribos pero permite el mantenimiento, las reformas y las rehabilitaciones. El auto suspende el planeamiento específicamente en cuanto a derribos de inmuebles, pero Rubio y Domínguez coincidieron en que en la práctica suspende todo, ya que es esa zona es lo único previsto.

En opinión de los socialistas “no existe ningún vacío”. Rafael Rubio instó al equipo de gobierno a comprar las casas que, según la alcaldesa, más de la mitad de los propietarios de la zona afectada estaban dispuestos a vender.

En cuanto al Bien de Interés Cultural (BIC), Rubio y su compañero de grupo José Sellés negaron intencionalidad política por parte del Consell del ex presidente Lerma y recordaron que los primeros trámites de incoación comenzaron en 1977. Domínguez insistió en que la declaración se hizo en 1993 “deprisa y corriendo”. Sin embargo, el gobierno municipal descarta solicitar la descatalogación, a lo que Rubio retó a la alcaldesa y que los magistrados apuntan en el auto como posible solución.

Según Domínguez, “nosotros hicimos el plan especial de protección y reforma con el máximo respeto al BIC y no tenemos ningún interés en modificarlo”. La ley prevé el procedimiento de descatalogación con la exigencia de que determinadas instituciones culturales emitan informe favorable.

El ámbito donde los jueces han suspendido el planeamiento en el comprendido entre las calles Escalante, Pescadores, Doctor Lluch y la nueva calle en proyecto entre las actuales de Amparo Guillem e Islas Columbretes. Es esta área, de 15.100 metros cuadrados, hay 447 propietarios. Según la alcaldesa, el 54% de ellos ya habían mostrado interés en llegar a acuerdos y vender su casa (52), permutaría (122) y negociar (80). La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) es de 3 de mayo de 1993, el auto apunta que “una eventual modificación de tal declaración podría significar una reconsideración de la decisión”. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística fija la obligación de los propietarios de mantener sus edificios en condiciones.

Los vecinos censuran que la alcaldesa “quiera enfrentarnos”

La plataforma Salvem el Cabanyal y la Federación de Vecinos reiteran la oferta de negociar otro proyecto de rehabilitación

Las declaraciones de la alcaldesa Rita Barberá, apuntando que los 447 propietarios de las casas situadas en el ámbito donde se ha suspendido el planteamiento serán los grandes perjudicados, ha causado malestar entre los vecinos. La plataforma Salvem el Cabanyal remitió ayer un comunicado en el que rechaza que se haga “sufrir más a los habitantes de este barrio con amenazas”.

La plataforma incide en que puede invertirse en rehabilitación y definir un plan de ayudas a los propietarios y se pregunta “¿por qué –la alcaldesa- desaprovecha la oportunidad de relajar los ánimos y pensar en otras posibilidades de futuro?”. Salvem el Cabanyal reitera su oferta de diálogo.

El concejal socialista Rafael Rubio también criticó las alusiones de la alcaldesa a los vecinos de la zona afectada y a la fuerza de los votos y calificó su actitud de “cuasi fascista”. “La fuerza de los votos –dijo no puede homologar una actuación ilegal, no da patente de corso”.

El delegado de urbanismo, Miquel Domínguez, replicó acusando a los socialistas de “descolocados, funambulistas y demagogos” e insistió, como Barberá ayer, en que el proyecto se ha estudiado mucho y en que los populares han invertido mucho más en el barrio que el PSPV. Además, acusó, a los socialistas de “pretender criminalizar la vida política”.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que se suma a la oferta de diálogo, considera el auto “una resolución histórica” que reconoce, a su juicio, el trabajo de la federación y de las asociaciones de vecinos. La presidente Carmen Vila entiende que la protección, además de urbanística, es social y “supone un paso adelante en la sensibilidad de los órganos judiciales respecto de los derechos de los ciudadanos ante la administración”.