La alcaldesa considera el auto «un contratiempo que pagarán los vecinos de la zona afectada»

Los jueces bloquean el paso de la avenida por la zona protegida y Barberá dice que hará el resto

2002-02-01Publicat per: Levante
El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha suspendido el plan especial de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar aprobado por el Ayuntamiento de Valencia «en cuanto implique derribo de inmuebles en el perímetro delimitado por las calles Escalante, en su alineación más alejada del mar, Pescadores, Doctor Lluch, en la alineación más cercana al mar, y la nueva calle en proyecto situada entre las actuales de Amparo Guillem e Islas Columbretes». El auto, conocido ayer, se refiere al tramo central de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que se encuentra dentro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993.

El auto se basa en la irreversibilidad de los derribos y en el peso de la preservación patrimonial por encima incluso del interés general. Se valora, aparte de la protección específica de los inmuebles, el conjunto y, aun sin entrar en el fondo del asunto, se apunta que «a la vista de la documentación gráfica del plan se constata una notable alteración de la configuración de determinadas calles que podría ser contraria a la conservación de la estructura urbana». Frente a esta tesis mayoritaria está la del voto particular redactado por uno de los magistrados -Mariano Ayuso- y firmado por seis más (entre ellos el presidente de la sala) que considera protector el plan y que la afección «lo es sólo en una parte relativamente pequeña del conjunto histórico y de ningún edificio singularmente protegido».Cabe apuntar que prácticamente los mismos magistrados fueron quienes fallaron sobre el Teatro Romano de Sagunto.

El alcance y consecuencias de esta paralización cautelar dio ayer lugar a distintas interpretaciones. Por un lado, los miembros de la plataforma cívica Salvem el Cabanyal, proponentes de esta suspensión parcial, y la asociación Pavimar entienden que los magistrados han sido «prudentes», pero que en realidad toda la prolongación «se cae» así como la filosofía completa del proyecto municipal. Por el otro, acogiéndose a la literalidad de la resolución, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, su equipo de gobierno y sus asesores jurídicos consideran que el plan puede desarrollarse en un 97,88% (todo excepto las seis manzanas del citado ámbito suspendido) e incluso anuncian que están dispuestos a realizar el trazado de la avenida al este y al oeste de dicha zona. «Nada nos lo impide. -dijo Barberá-Al contrario, la mayoría de ciudadanos lo que no entendería es que yo no siguiera adelante por este auto».

La alcaldesa destacó que la parte suspendida es muy pequeña en relación al total y advirtió que el auto judicial «irá en detrimento de los propietarios de las viviendas de esta zona, que sufrirán un deterioro progresivo porque no podemos tocar nada, estamos como antes, sin plan como cuando gobernaban los socialistas, y producirá una desigualdad con los otros vecinos, que podrán rehabilitar y verán cómo se revaloriza su parte del barrio». Incluso aseguró que la mitad de estos vecinos estaba ya dispuesta a vender sus casas. Tras lanzar este «aviso» a los afectados, dijo que lo que quería era tranquilizarles y decirles que será ella y no la plataforma quien defienda sus intereses.

Barberá calificó la suspensión de «un contratiempo» y anunció un recurso de súplica ante la sala e incluso uno ante el Supremo. También insinuó que la declaración de BIC fue una «maniobra» del anterior Consell presidido por el socialista Joan Lerma «porque la aprobaron en 1993, deprisa, cuando sabían que ya trabajábamos en el plan». El conseller de Cultura, Manuel Tarancón, manifestó que se debe «acatar lo que digan los tribunales».