El patrimonio histórico y el desarrollo

2002-02-01Publicat per: Las Provincias
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha paralizado una parte del Plan de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar que incluía la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del histórico barrio marinero. La decisión del alto-tribunal valenciano puede atascar el proceso de rehabilitación de la zona que precisa, desde hace años, de una intervención profunda para evitar que continúe el proceso de degradación que padece.

La decisión judicial causa ahora no pocas incertidumbres pero conviene destacar que la decisión judicial viene definida por la aplicación de una determinada ley autonómica que no ha tenido el correspondiente desarrollo reglamentario para poder aplicarse con eficacia. La Ley de Protección del Patrimonio Histórico de la Generalitat se ha revelado como una norma demasiado rígida para acometer determinadas reformas que, como en este caso, eran necesarias. Además, la enorme división que ha tenido el TSJ (siete de sus dieciséis miembros no quería la paralización) demuestra que la norma en la que se sustenta el fallo precisa del reglamento que lleva años esperando y que la dotaría de flexibilidad APRA que sea un instrumento de protección y no una tenaza.