Barberá insiste en partir El Cabanyal y advierte de que la zona protegida se degradará todavía más

2001-02-01Publicat per: El País
La notificación del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que estima las alegaciones vecinales y paraliza cautelarmente la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal, fue recibida ayer con una sonrisa helada por parte de Rita Barberá. La alcaldesa de Valencia reconoció el 'contratiempo' judicial pero anunció que recurrirá y seguirá adelante con su proyecto urbanístico, que implica la partición de la trama urbana de El Cabanyal. Barberá advirtió de que se va a 'producir un progresivo deterioro' en la zona protegida donde queda en suspenso el plan.

La justificación del plan especial de reforma interior (PERI) de El Cabanyal-Canyamelar que impulsa el PP de Rita Barberá es la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. El auto del TSJ impide, al menos hasta la resolución del contencioso, que no llegará antes de dos años, derribar los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural que se interponen en el trayecto trazado por el Ayuntamiento de Valencia para llevar la avenida hasta el mar.

El serio revés político que supone para los populares el auto del TSJ provocó ayer que Rita Barberá se atrincherase tras la mayoría absoluta obtenida en las urnas en los comicios de 1999. La alcaldesa trazó tres ejes en su discurso para intentar minimizar el efecto de la decisión judicial.

Primero devaluó el proceso de toma de decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, minimizó su alcance y adelantó que presentará batalla en los tribunales. Así, Rita Barberá aseguró que pondrá 'en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial' la filtraciones periodísticas -EL PAIS adelantó el fallo el pasado miércoles-. Luego, la dirigente popular argumentó que la paralización cautelar sólo 'afecta al 2,22% de la superficie del plan, es decir 15.100 metros cuadrados de 678.000', que son el tapón que impide prolongar Blasco Ibáñez. Y posteriormente anunció recurso de súplica al TSJ antes de cinco días y, sabedora de la complejidad de cambiar la decisión, recurso de casación al Tribunal Supremo.

En segundo lugar, la munícipe popular anunció que no flexibilizará sus posiciones, ni reabrirá ningún tipo de diálogo. 'En términos políticos esto es un contratiempo porque se va contra el tiempo de ejecución [de la obra] en el perímetro suspendido e implica inactividad gestora en el ámbito suspendido que va a producir un deterioro en el ámbito comprendido en la suspensión [la zona del barrio de El Cabanyal protegida por la que debería pasar la avenida]', indicó Barberá, que añadió: 'Intensificaremos las actuaciones en el resto del plan, pero el perímetro [señalado en el auto judicial] hoy queda sin plan [urbanístico], ni proyecto, ni licencias de obra. Se va a producir una diferencia enorme entre esta zona y el resto del barrio'.

En este punto de su argumentación, la alcaldesa popular responsabilizó de la situación al PSPV, que dejó de gobernar el Ayuntamiento de Valencia en 1991; se atribuyó la defensa y protección del barrio -'Hemos invertido 4.400 millones de pesetas en diez años en El Cabanyal'-; y lanzó un 'mensaje de tranquilidad' al 52% de los 447 propietarios afectados por la paralización cautelar del proyecto que según el equipo de gobierno municipal habían 'mostrado intención de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento'.

El tercer eje del argumentario de Rita Barberá al auto del TSJ, fuera de micrófonos y de pie con un plano de El Cabanyal en la mano -junto al edil de Urbanismo, Miguel Domínguez-, fue quizá el único que reveló la dimensión del retraso que puede tener el proyecto urbanístico. 'Yo voy a seguir [con el proyecto de llevar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar] y si no, con el tiempo otro podrá', confesó Barberá.

La alcaldesa de Valencia negó cualquier posibilidad de diálogo con las organizaciones vecinales para llegar a un acuerdo que permita la retirada de los recursos judiciales al PERI de El Cabanyal-Canyamelar. 'Yo no quiero ninguna retirada [de los recursos judiciales]. Después de dos elecciones y mucho diálogo hemos llegado a una conclusión que ha pasado por todos los trámites legales', concluyó.

La valoración del auto del TSJ realizada por las organizaciones vecinales y la plataforma cívica Salvem El Cabanyal fue bien distinta a la de la primera munícipe.

El portavoz de la plataforma, Faustino Villora, calificó la resolución de 'punto de inflexión' y se mostró convencido de que 'el proyecto no tiene ningún futuro y nunca será ejecutado'. Villora señaló que Salvem el Cabanyal mantiene su propuesta de diálogo con la Administración y abogó por un 'urbanismo de consenso'. Por su parte, la abogada de la asociación de vecinos Pavimar, Adelina Serna, resaltó que, tras esta resolución judicial, el Ayuntamiento 'no podrá llevar a cabo' parte alguna del proyecto y consideró que los propietarios de las viviendas que podrían resultar afectadas por el mismo pueden estar tranquilos. Según la letrada, pese a que el auto limita la suspensión de los derribos a un grupo de calles, no es posible actuar sobre otras, ya que, para ello, debería modificarse por completo el proyecto.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Carmen Vila, indicó que el auto 'apuesta por conservar el pasado para un futuro' y que el Ayuntamiento de Valencia 'puede continuar en la parte que corresponde al resto del barrio' Vila instó al PP a 'impedir que El Cabanyal vaya degenerándose'.

El consejero de Cultura, Manuel Tarancón se desmarcó de la polémica. 'Se ha de acatar lo que digan los tribunales. Poco tenemos que decir nosotros al respecto, ya que el Ayuntamiento de Valencia es la Administración impulsora del citado plan urbanístico'.

Ana Noguera, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, pidió que el auto no se convierta en 'un nuevo castigo' de Barberá a los vecinos que degrade más el barrio y pidió a la alcaldesa que deje de utilizar el PERI como caballo de batalla. Antonio Montalbán, de Esquerra Unida, pidió que se aproveche la decisión judicial para buscar el consenso.