El PGOU de Pérez Casado calificaba de “objetivo irrenunciable” el proyecto que ahora critica la izquierda.

La prolongación de Blasco Ibáñez afecta sólo al 4% de la zona protegida de el Cabanyal

2002-01-31Publicat per: El Mundo
El número de personas empadronadas y de viviendas afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez incluida en el ámbito considerado Bien de Interés Cultural apenas suponen el 4% del total de habitantes y pisos que abarca todo el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal. Estos datos permitirían al Ayuntamiento de Valencia, según ha podido saber EL MUNDO, comenzar a ejecutar el plan y desarrollar gran parte del mismo, aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo hiciera pública hoy su decisión a favor de la suspensión cautelar del proyecto.
Además, fuentes próximas al proceso aseguraron que los doce magistrados de la sala, que han emitido votos particulares y cada uno de ellos con su argumentación correspondiente, han tenido en cuenta el hecho de que sólo una parte del plan municipal, aproximadamente un tercio del mismo, se encuentra en el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat en 1993. Una proporción similar se da con la prolongación de Blasco Ibáñez. Apenas 240 de los 750 metros lineales de la futura avenida hasta el mar están incluidos en esta área de especial protección.

La superficie privada afectada por la prolongación en el ámbito BIC es de 15.100 metros cuadrados, lo que supone un 2,22% de la superficie total del ámbito del plan (678.121 metros cuadrados) y un 5,29% respecto de la total que incluye toda la zona protegida. Además, sólo 410 personas (0,85 por vivienda) y 477 pisos se verían afectados por unas hipotéticas obras en el tramo de la futura prolongación que atraviesa la zona protegida por la Conselleria de Cultura.

La justificación del PGOU

Todos estos datos permitirían al Ayuntamiento de Valencia iniciar las expropiaciones de una gran parte del barrio incluido en el plan municipal. De hecho, tal y como ya avanzó este periódico, su intención es comenzar por las viviendas más próximas a la estación de El Cabanyal, al final de la actual avenida, ya que la mayoría de estos pisos están vacíos, y muchos son propiedad de RENFE, que los utilizaba para el alojamiento de sus empleados.

La memoria justificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado en 1988 con el gobierno socialista de Ricard Pérez Casado, considera “el acceso fluido al mar a través de la avenida de Blasco Ibáñez” como “un objetivo irrenunciable del plan”. A continuación reconoce, sin embargo, que no se atreven a llevar a cabo el proyecto porque “las dificultades y repercusiones de tal operación aconsejan diferir la solución concreta a un estudio posterior”.

En este documento se hace referencia constantemente a la intención de “posponer la decisión” y no variar los planteamientos iniciales que no duda, en ningún momento, de la conveniencia de llevar a cabo este proyecto centenario”.

En la memoria justificativa del plan se asegura que “urbanísticamente, la solución adoptada (posponer la prolongación) no cierra ninguna posibilidad a lo que a la vista de lo ya expuesto parece lo más aconsejable (llevar Blasco Ibáñez hasta el mar)”.

El plan insiste, en este línea, en que de no llevarse a cabo la prolongación, tampoco se podrá autorizar un aumento de los aprovechamientos urbanísticos. “De esta forma, la situación dentro de una, dos o varias décadas será la misma que ahora y las expropiaciones lo serían de un volumen similar”, es decir, costarían lo mismo.

La “victoria” de Salvem El Cabanyal

Sin tener el auto delante y sin que éste hubiera sido redactado y firmado por los magistrados, el abogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, aseguró ayer que la supuesta decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de paralizar el proceso de expropiaciones previsto en el plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) de este barrio, supone, “una victoria de la legalidad frente a la arbitrariedad con la que desde el Ayuntamiento se gestiona el urbanismo”. Cuando hizo estas declaraciones no se había redactado el auto ni éste había sido firmado por los magistrados.

La decisión de la sala, que se hará pública hoy, responde a la solicitud de la Federación de Asociaciones de Vecinos que pidió la paralización del proceso de expropiaciones hasta la resolución del recurso contencioso presentado contra el Plan, para “no ocasionar un perjuicio irreversible en la zona”, según recoge Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de no tener el fallo del alto tribunal valenciano, tanto representantes de la Plataforma como de la presidenta de la Federación de Asociaciones de vecinos de Valencia, Carmen Vila, y el concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento, Manuel Ibáñez, destacaron el alcance de esta resolución del TSJ que, según explicó Ramos, “no declara la ilegalidad del Plan, que se resolverá en sentencia, sino que rompe la presunción de legalidad de los actos administrativos, es decir, presume la posibilidad de que prospere el recurso”. En este sentido señaló que la suspensión de un acto administrativo como éste “significa que no se puede llevar a cabo ninguno de los objetivos previstos en él mientras esté suspendido”, lo que supone la protección de la parte del barrio del El Cabanyal declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat en 1993 y su entorno.

Asimismo, José Luis Ramos declaró que este fallo “significa un triunfo del Estado de Derecho frente al caciquismo y la afirmación de la independencia judicial frente a los criterios del Ayuntamiento”.