La plataforma Salvem propone a Barberá negociar un plan de rehabilitación y olvidar el contencioso

Los jueces no permitirán que se toque ningún edificio protegido del Cabanyal hasta el fallo

2002-01-31Publicat per: Levante
Tras la aprobación definitiva del plan del Cabanyal, se presentaron nueve recursos contencioso-administrativos de la Federación de Asociaciones de Vecinos, del Salvem el Cabanyal-Canyamelar, Pavimar, particulares y el PSPV. De todos ellos, tres planteaban pieza separada de suspensión. Los tres fueron acumulados El plenario de la sala de lo contencioso-administrativo se reunió el pasado 23 de enero y se inclinó mayoritariamente por la suspensión, con dos posturas discrepantes. El pasado 29 los magistrados volvieron a reunirse y el ponente matizó la afección del proyecto sobre el ámbito del BIC (Bien de Interés Cultural) y los edificios protegidos. La suspensión fue votada entonces por nueve a favor y ocho en contra. Habrá seguramente un voto particular. El TSJ (Tribunal Superior de Justicia de Valencia) no ha accedido a la solicitud de acumulación de los nueve recursos presentados contra la aprobación del plan del Cabanyal, lo que supondría, de no modificarse el criterio, que habrá distintas sentencias.
Los magistrados del pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, tras varias deliberaciones y cambios de criterio, han decidido, como medida cautelar, decretar la suspensión del plan de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar. El «sacrificio» de edificios protegidos en pro de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y la irreversibilidad de los derribos, en caso de que la sentencia finalmente diese al traste con el proyecto, ha acabado decidiendo a los jueces. El auto, resuelto el pasado martes y ratificado ayer, no se dará a conocer a las partes hasta hoy, pero los vecinos del Cabanyal no esperaron para celebrarlo.

Ayer, cuando todos esperaban que se diese a conocer el auto, los magistrados volvieron a reunirse para redactarlo y firmarlo. Al parecer, por un apurado margen de un solo voto, el TSJ ha optado por la suspensión cautelar valorando tan sólo que los daños serían irreparables, lo que hace pensar que la paralización podría afectar fundamentalmente o quizá exclusivamente a la zona de la ampliación de la avenida, la parte que supone destrucción de inmuebles, como había planteado en su recurso la plataforma ciudadana Salvem el Cabanyal. La condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona también ha sido clave en la decisión.

En una primera deliberación, los magistrados se habrían mostrado más firmes pero, tras una nueva reunión con el ponente y la revisión de planos y documentación, parte de ellos se inclinó por oponerse a la suspensión. La decisión sobre la pieza separada de paralización no presupone la resolución final, que puede retrasarse de dos a cuatro años, aunque, a juicio de los vecinos, inclina la balanza hacia las tesis de que el peri adolece de vicios de ilegalidad, lo que supone un serio «varapalo» político para la alcaldesa Rita Barberá Nolla y su equipo de gobierno. Cabe recordar que la Conselleria de Cultura ya puso en su momento serias «pegas» jurídicas a la documentación presentada por el ayuntamiento de Valencia, aunque finalmente dio su visto bueno. No es frecuente que la Justicia deje en suspenso un proyecto urbanístico.

Consecuencias y futuro

Otra incógnita a resolver es la consecuencia del auto de suspensión sobre el futuro del barrio, que dependerá también de los términos en que esté redactada la resolución y el alcance de la paralización. Los vecinos no ocultan su temor a que el barrio se siga degradando y que la alcaldesa Barberá pueda utilizar este argumento en su contra. En cualquier caso, la plataforma y otras entidades vecinales, como Pavimar, organizaron ayer tarde asambleas informativas y posteriormente se reunieron para cenar juntos, en el antiguo ayuntamiento del Cabanyal, y celebrar el auto aun sin haberlo leído. El portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, lanzó ayer mismo una oferta de diálogo y consenso al Ayuntamiento de Valencia, bajo la convicción de que el auto judicial constituye un punto inflexión en la situación. Según Villora, la plataforma estaría dispuesta a pactar con los responsables políticos y todas las partes implicadas un plan de rehabilitación consensuado, siempre sin prolongación de la avenida, y retirar, caso de llegarse a un acuerdo, los contenciosos. Contra el auto de suspensión, el Ayuntamiento de Valencia todavía puede presentar un recurso ante la misma instancia para que reconsidere su postura.