El Cabanyal regresa a la parálisis

2010-04-15Publicat per: Las Provincias
El Ayuntamiento dice que parará todas las obras tras el recurso admitido por el Constitucional
El Gobierno consigue frenar los derribos fuera de la zona protegida y paraliza el plan urbanístico hasta que resuelva el alto tribunal
«Los valencianos han de saber que esta paralización, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura, implica que en todo el ámbito del PEPRI, prácticamente en todo el Cabanyal y el Canyamelar, no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie». Así de tajante se mostró ayer el portavoz del gobierno municipal, Alfonso Grau, al explicar las consecuencias de la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un nuevo recurso del Gobierno contra el plan urbanístico. El alto tribunal entiende que puede haber un conflicto de competencias entre la orden ministerial y la ley aprobada en Les Corts que avala la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, por lo que estudiará el asunto y dictará sentencia.
Grau citó como ejemplo la rehabilitación del Casinet, la sede de la sociedad musical Unión de Pescadores, en la calle José Benlliure, unas obras ya anunciadas por el Ayuntamiento y ahora comprometidas por el recurso. «Se tienen que parar», aseguró el delegado de Grandes Proyectos pocas horas después de conocer la noticia.
Restó importancia a la admisión a trámite. «Si toca parar los derribos, paramos hasta que se resuelva finalmente el problema, que se resolverá porque estamos convencidos de que nos asiste la razón».
«Este no es ni más ni menos que un entorpecimiento más como los que venimos sufriendo desde hace once años por quienes se obcecan en mantener algo que no tiene ningún sentido», añadió.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la presentación del recurso, cuando ya había finalizado la demolición de media docena de inmuebles en las calles Vidal de Canelles, San Pedro, Luis Despuig y Felipe Eiximenis. En todos los casos fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural en 1993 por la Generalitat.
Para el portavoz, la responsabilidad del parón de las obras es muy clara: «Son los socialistas y los grupos radicales a los que apoyan». El pleno aprobó por unanimidad paralizar cualquier demolición entre las calles Escalante y Doctor Lluch, como los dos límites de la zona protegida. No así fuera de este ámbito, como sucedió en las obras de hace unos pocos días.
El proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez entra otra vez de lleno en el ámbito judicial. Una docena de sentencias avalan la actuación municipal, aunque faltaba un cabo por atar y fue el informe del Ministerio de Cultura sobre si los derribos supondrán un expolio al patrimonio arquitectónico del barrio. El 4 de enero se destapó la caja de los truenos al dictaminar el departamento que dirige Ángeles González-Sinde la prohibición de acometer la avenida.
En el comunicado enviado entonces por el Gobierno se habla de «la obligación de suspender inmediatamente la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior».
Mientras que el gobierno municipal interpreta que cumplir esa orden supone ahora paralizar cualquier tipo de obras, una vez que ha quedado en suspenso la ley «paraguas» promovida por la Generalitat, el concejal socialista Vicente González Móstoles aseguró a este periódico que se trata de una «interpretación muy interesada y ajena a la realidad».
En su opinión dijo que las licencias de obras podrán ser concedidas si cumplen con dos requisitos que emanan de la orden del Ministerio: «Mantener la trama urbana y respetar la arquitectura del barrio. La contradicción con esos dos criterios se produce en las unidades de la prolongación, aunque no en el resto».
El ámbito del plan urbanístico se extiende más allá del Cabanyal y llega hasta las inmediaciones del Grao. Algunas de las unidades están tan alejadas de la zona protegida que literalmente se sitúan fuera del barrio. Es el caso de una promoción de viviendas protegidas junto al bulevar de Serrería, que en principio debían ser las siguientes para realojos de los vecinos afectados por los derribos.
Litigios largos
Una vez decidida la paralización de las obras, queda por ver los tiempos en que se moverán los recursos interpuestos tanto en el Tribunal Constitucional como en la Audiencia Nacional. En esta última instancia, el gobierno municipal ha acudido por la presunta prevaricación de la ministra González-Sinde, al entender el Ayuntamiento que el informe patrimonial debía justificar una decisión anterior que sí permitía las obras, cuando se pasó el asunto a la Generalitat.
Así las cosas, se habla de un periodo de entre tres y cuatro años sin que se puedan al menos derribar más edificios en el barrio según la interpretación socialista y la prohibición de hacer cualquier tipo de obra en el ámbito el plan, con la tesis del Consistorio.