Sólo un tercio de la futura avenida transcurre en la zona declarada Bien de Interés Cultural.

La prolongación de Blasco Ibáñez podría iniciarse aunque el TSJ paralice las obras

2002-01-30Publicat per: El Mundo
Zona delimitación BIC, Doctor Lluch, Plaza Armada Española, Calle Escalante, Remonta, Francisco Cubells.
La decisión sobre la suspensión cautelar del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal (PEPRI) que hoy tiene que hacer pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo sólo podría afectar a 240 de los 750 metros lineales que abarca la prolongación de Blasco Ibáñez incluida en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La protección de la zona es el único argumento que los jueces podrían alegar para ordenar la paralización del proyecto, en opinión de técnicos municipales.

El fallo de los doce magistrados de esta sala, que emitirán votos particulares porque “la opinión está muy dividida”, según ha podido saber EL MUNDO, determinará si el Ayuntamiento de Valencia puede o no seguir adelante con el proyecto que incluye la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez y la reforma del barrio hasta que el tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre el plan en su conjunto.

Sin embargo, el ámbito de protección que aprobó la Generalitat bajo el gobierno socialista de Joan Lerma en 1993 apenas afecta a la tercera parte de la futura prolongación de Blasco Ibáñez. Y es esta declaración como zona BIC, en opinión de los técnicos del Ajuntament de València, la única razón en la que podrían apoyarse los magistrados para decretar la suspensión cautelar.

Si la Sala tomara esta decisión, la suspensión podría afectar únicamente al tramo incluido en la zona protegida y esto permitiría al Ayuntamiento de Valencia comenzar a actuar en la zona más próxima a la estación de El Cabanyal, como era su intención, tal y como ya avanzó EL MUNDO, o en las proximidades del Paseo Marítimo.

La demanda en la que se basa esta petición de paralización provisional de las obras, que todavía no se han iniciado, fue interpuesta por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que encabeza Carmen Vila, y por la plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar, por considerar que el proyecto del Ayuntamiento destruye edificios incluidos en una zona de especial protección y rompe la trama del barrio de El Cabanyal-Canyamelar. La Federación pidió la suspensión del proyecto pero sólo en aquellos aspectos en que la actuación municipal pudiera resultar irreversible, por ejemplo, la destrucción de unas viviendas. Pero no rechazaba en cambio la construcción de infraestructuras contempladas en el plan.

El pasado tres de octubre la sección segunda de esta misma Sala de TSJ desestimó una petición de suspensión cautelar del proyecto solicitada por un particular, Rafael Ripio Jordán.

Este proyecto, aprobado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que incluye este proyecto en su programa electoral desde 1991, cuenta con el visto de las consellerias de Obras Públicas y Cultura. Una y otra son las máximas responsables en materia de Urbanismo y protección del Patrimonio en los grandes proyectos que ejecutan los ayuntamientos de la Comunidad. En el caso del Plan de El Cabanyal, ambos departamentos han aportado informes que avalan el proyecto.

El PSOE tardó 14 años en “proteger” el barrio

La Generalitat se planteó por primera vez la protección patrimonial de una parte del barrio en 1978. Pero no fue hasta 1992 cuando inició el expediente que concluyó, un año más tarde, con la declaración como Bien de Interés Cultural de una parte del distrito marítimo.

La Conselleria de Cultura despachó en cuatro folios la justificación de esta declaración. En el primero detalla la tramitación del proceso, desde que se planteó en 1978. El segundo folio recoge la disposición final de la declaración como zonas BIC de varios entornos protegidos de la ciudad, incluido El Cabanyal, y hace “una descripción del conjunto histórico de Valencia” que continua hasta casi el final del tercer folio donde comienza la “motivación de la delimitación propuesta”. En este punto se habla de todos los centros históricos que ha optado por proteger “con un criterio restrictivo respecto a áreas consideradas inicialmente, pero que no puede considerarse de especial relevancia de acuerdo con la legislación vigente”. Sólo en el último cuarto del folio final se refiere el escrito a El Cabanyal y al barrio sólo hace referencia para describir los límites de la protección.

El Gobierno socialista de Joan Lerma paralizó cualquier determinación sobre el ámbito de protección de El Cabanyal durante la década de los 80 y el inicio de los 90. Casualmente, en 1991 ganó las elecciones municipales en la capital el Partido Popular y ese año se convirtió en alcaldesa Rita Barberá. Fue entonces cuando comenzó a plantearse la protección del plan que culminó en 1993.

Por lo que respecta al Partido Popular, cuando se inició la redacción del proyecto se planteó la posibilidad de que Cultura eliminara la protección del tramo afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez y, por el contrario, ampliara el ámbito de protección del barrio. Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Cultura comenzaron cuando Francisco Camps, actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, era conseller de Cultura. El ámbito protegido es el mismo que en 1992.