La soberbia como pauta de actuación

2001-02-03Publicat per: Levante
El último pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia aprobó el plan del Cabanyal, mediante el que se pretendeprolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. No es mi intención polemizar aquí sobre el contenido de este plan urbanístico, pero sí mostrar mi preocupación por el modo de actuar del Partido Popular con ocasión de su tramitación.

Esta actuación ha servido para mostrar los modos de la derecha que nos gobierna y la baja intensidad de sus creencias democráticas. No seré yo quien valore los intentos del PP por modernizarse y por ablandar su expresión más dura, pero debo reconocer que ni me sorprende, ni me asombra, cuando aparece su concepción poco democrática del ejercicio del poder político. Explicaré el porqué.

Es palpable el escaso valor que tradicionalmente concede el Partido Popular a los colectivos y movimientos nacidos al hilo de los nuevos conflictos y necesidades sociales, que todo gobernante debe reconocer y gestionar, así como que la descalificación sea su pauta de respuesta natural, que atribuyan siempre la discrepancia a la defensa de intereses ocultos y que recuerden sistemáticamente las mayorías de que disponen en cualquier institución. Sin embargo, considero que la soberbia del PP responde más bien a una concepción alicorta de la democracia. No perciben que gobernar (la complejidad de las sociedades del siglo XXI y más en las grandes ciudades) requiere de una especial sensibilidad democrática, en la que creemos fervientemente los progresistas y de la que ellos parecen carecer.

Pero, la gravedad no reside ya en esa descalificación sistemática a la que nos tienen acostumbrados. Lo grave es el trato recibido por el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana —nuestro Defensor del Pueblo— cada vez que su criterio no coincide con el de la Administración. El caso más reciente, pero no el único, es el informe emitido a petición de un colectivo ciudadano preocupado por el futuro del Cabanyal, contrario a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La discrepancia ha servido para destapar la caja de los truenos de Rita Barberá, utilizando expresiones contra esta institución difícilmente asumibles desde una óptica mínima-mente democrática.

Quizá convenga recordar que el Síndic de Greuges es el Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, cuya elección requiere de una mayoría cualificada —dos tercios de la Cámara—, para la defensa de los derechos y libertades constitucionales y estatutarios, que le obliga a supervisar la actuación de cualquier Administración pública de la Comunidad Valenciana.

El mismo tiempo, no debe olvidarse que las resoluciones de esta institución no son vinculantes para la Administración afectada, es decir, que no obligan a anular o modificar el acto objeto de la resolución en cuestión. La Sindicatura de Greuges se imita a dirigir, a las autoridades y funcionarios de la Administración, «advertencias, recomendaciones o recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas”.

Desde esta perspectiva, es incomprensible la actuación del Partido Popular, pidiendo la dimisión de la Sindica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, por un informe en el que se limita a recomendar a la Conselleria de Cultura que reconsidere su intervención con relación a la viabilidad del plan de Cabanyal. Es también lamentable que el delegado de Urbanismo diga que el informe fue realizado “con alevosía, nocturnidad y mala fe por la sindica, que es militante, simpatizante o lo que sea del PSOE”.

El PP se está poniendo nervioso con demasiada frecuencia, tal vez por la aparición de síntomas de agotamiento de su ciclo político. Quizá ello explique desatinos como los vividos recientemente, pero, sin duda, lo que reflejan es una concepción autoritaria del Gobierno y de la Administración. Difícilmente los retos a los que ha de hacer frente Valencia podrán abordarse bajo ese prisma.