El PP dice que la avenida «salvará» al Cabanyal y el PSOE pide un referéndum

Luz verde a la prolongación de Blasco Ibáñez

2000-03-28Publicat per: Levante
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer la documentación del plan del Cabanyal-Canyamelar, y con él la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El PP dice que el plan es «la única salvación» y el PSOE y EU lo rechazan.
El plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal-Canyamelar dio ayer un nuevo paso en el largo proceso para su aprobación. La Comisión de Urbanismo dio ayer el visto bueno a la documentación con la oposición de los grupos socialista y de Esquerra Unida. El mentado plan se aprobó inicialmente en febrero del 99 y su contenido actual varía muy poco, como recordaron ayer los responsables políticos explicando que «no hay alteración sustancial alguna». Las variaciones se limitan a mantener tres edificios; cambiar de uso a otro, de patrimonio de suelo a socio-cultural privado y a cambiar de fin otro equipamiento. El apoyo de dos comicios La reunión de ayer tuvo una cal y otra de arena. De la primera se encargó el edil de Urbanismo, Miguel Domínguez, al afirmar que el plan «es la única salvación para revitalizar los barrios e intentar así un aumento demográfico en esta zona. Hay una mayoría de población que quiere que se haga. El equipo de gobierno es consciente de que hay una voluntad política de llevarlo adelante y ha sido refrendado en dos elecciones municipales, 1995 y 1999, y este mismo mes». Domínguez describió un panorama parecido al de alguien que viene a salvar una zona deprimida y sin inversiones en las últimas épocas. Él recordó que «la apertura de la avenida es un 10 por 100 de toda la extensión del plan y hay más inversiones en otros lugares». El socialista Rubio dibujó un futuro desolador de los dos barrios de los poblados marítimos, el Cabanyal y el Canyamelar. «El plan vulnera la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana y destruye la trama urbana del Cabanyal, digan lo que digan, con lo que existe una alteración sustancial además de una cirugía urbana, como ellos llaman». Por un referéndum El edil socialista respondió al hecho electoral afirmando: «pues si sumamos los votos de los partidos opositores al plan, UV, EU, Bloc y PSPV, es mayor porcentaje que el PP. Y ésta es otra lectura defendible porque, ¡hombre!, no me van a decir ahora que Aznar llevaba en su programa la prolongación de Blasco Ibáñez. Se debe hacer un referéndum en toda la ciudad». Al concejal de la oposición no le convencieron justificaciones para llevar adelante el proyecto como las incluidas en la memoria del plan, y se preguntó «si supondrá un estímulo vital para la autoestima de la ciudad como así se afirma y como si fueran a ser más felices si no se hiciera; si aumentará la fluidez del tráfico, algo imposible porque si hubieran querido ser valientes habrían hecho la avenida con una anchura de 100 metros, pero de todas maneras hay vías suficientes para llegar al mar como la avenida del Puerto, la de Baleares, la de Francia, la de Alameda y la de los Naranjos». Otro de los detalles que nada gustó a Rubio fue realizar una recalificación urbanística y social: «los que viven serán expulsados y los que están no serán los mismos. Además, hablan de repristinar, o sea de volver a construir lo anterior en un mismo lugar, y esto no se va a hacer porque donde hay fincas de siete, ocho o nueve alturas habrá de cinco y seis». Los edificios de seis alturas se harán cerca de la estación del Cabanyal de Renfe y en el núcleo principal del barrio se levantarán de cinco. Rubio dijo que «darle esas alturas al frente de la avenida será matar a un barrio con una media entre una y dos». El edil de EU Manuel Ibáñez recordó que para llegar a la franja litoral «es innecesario partir el Cabanyal y prolongar la avenida. Las apreciaciones en el documento aprobado hoy son subjetivas», y dijo que «la plataforma está en huelga de hambre en el Parterre» y Domínguez respetó esa postura pero dijo: «una mayoría está a favor». La ejecución del plan se hará durante los próximos 10 años y el coste estimado es de 27.000 millones de pesetas, que gestionará una sociedad pública.