El Ayuntamiento adquiere 30 pisos y negocia la compra de 25 más, a la espera de que se dilucide el litigio en el Constitucional

La crisis acelera la venta de viviendas para derribar por el plan del Cabanyal

2011-09-11Publicat per: Las Provincias
La junta de gobierno aprobó este viernes la entrega al Ayuntamiento de 30 viviendas afectadas por el plan del Cabanyal, destinadas a la demolición para la apertura de nuevas calles. La decisión provocó las críticas del portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, quien destacó el elevado gasto que supone esta iniciativa, cuando a su juicio no se puede ejecutar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por el elevado coste que supondría.
La empresa Plan Cabanyal-Canyamelar es la que se encarga de gestionar la compra de viviendas, aunque la firma municipal Aumsa tiene también una partida presupuestaria para este propósito. Así ha sido en este caso, con una operación que se eleva a 2,13 millones de euros.
A pesar de la críticas de Sanchis, lo cierto es que la política de adquisiciones seguirá adelante este año, según indicaron fuentes cercanas al proceso. Las 30 propiedades que fueron transferidas al Ayuntamiento el viernes anticipan otra tanda similar para los próximos meses. «Negociamos la compra de 25 a 30 viviendas cuando haya de nuevo presupuesto disponible».
La crisis ha acelerado este tipo de operaciones. El recurso interpuesto por el Gobierno en el Tribunal Constitucional paralizó las posibles expropiaciones, aunque son cada vez más los propietarios que se acercan a las oficinas de la calle de la Reina, 105 a interesarse por los precios que se ofertan.
En el expediente aprobado el viernes, la media ha sido de 70.000 euros. Las mismas fuentes comentaron que las 30 viviendas no se concentran en unos pocos edificios, sino que «salpican» la zona situada entre la estación de Renfe del Cabanyal y la calle San Pedro.
Ninguno de los casos se encuentra en el ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat, el elemento clave que ha frenado la ejecución del plan desde que fue aprobado en 1998. La empresa gestora está formada por un capital mixto del Consistorio y el Instituto Valenciano de la Vivienda, y se queda en propiedad los inmuebles que servirán luego para edificar pisos protegidos. Las parcelas que se convertirán en calles se transfieren al Ayuntamiento.
Este proceso es el único que se realiza para la ejecución del plan, salvo algunos casos puntuales de concesión de licencias de obras, para situaciones de emergencia por riesgos estructurales o caída de cascotes a la vía pública.
El gobierno municipal también entiende que la orden de paralización del Ministerio de Cultura no incluye a las tareas de mantenimiento. De esta manera, está en licitación el asfaltado del tramo final de la avenida Blasco Ibáñez por 640.000 euros.
Esta obra pretende adecentar de manera provisional los solares que albergan parte de la ampliación de la avenida, que acaba en una gran rotonda según el proyecto aprobado por el Ayuntamiento.
El encargo está asumido en el Plan Confianza, las inversiones de la Generalitat destinadas a los Ayuntamientos. En el cajón se quedó la parte gruesa de los fondos autorizados al Ayuntamiento, al suponer la compra o expropiación de cientos de viviendas en la zona del bulevar San Pedro y la prolongación de la avenida, antes de ejecutar las obras de urbanización.
De esta cantidad se ha quedado sólo disponible la partida para adquisiciones. Las entidades de vecinos que se oponen al plan, al presentar como alternativa la rehabilitación de las viviendas, aseguran que harían falta 286 millones de euros para comprar todos los edificios que aún son privados.
La ejecución completa del plan prevé la demolición de 1.603 propiedades, entre viviendas, plantas bajas y talleres. El Ayuntamiento tiene ya en propiedad, aseguraron fuentes municipales, un total de 561, donde se incluyen las que ya han sido derribadas.
En los últimos meses se ha producido un aumento de la ocupación ilegal de viviendas, principalmente por parte de familias rumanas de etnia gitana. Además, los solares son utilizados con frecuencia como vertederos y la degradación urbanística ha llegado a un nivel como no se conocía.
Ante esta situación, tanto vecinos contrarios al plan como los que lo apoyan han criticado la pasividad del Ayuntamiento, y no descartan incluso movilizaciones conjutnas este otoño.