La empresa que gestiona el plan urbanístico presenta 15 denuncias en los juzgados para pedir desalojos de sus casas

La lucha contra las ocupaciones ilegales suma 250 casas tapiadas en el Cabanyal

2011-08-26Publicat per: Las Provincias
Hasta 250 intervenciones para tapiar viviendas se han hecho desde enero de 2010 en el Cabanyal, como una de las actuaciones visibles para frenar las ocupaciones ilegales en la zona más degradada. La empresa que gestiona el plan urbanístico quiso responder ayer así a las críticas vecinales por el desinterés del Ayuntamiento en esta parte del Marítimo, con obras paralizadas hasta que se resuelva el recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional.
En los últimos meses ha aumentado de manera alarmante la llegada de familias sin recursos de etnia gitana y nacionalidad rumana. Calles como San Pedro y Los Ángeles son buen ejemplo de esta situación, que ha enrarecido la convivencia con los vecinos del Cabanyal. Vandalismo, amenazas, escándalos nocturnos y vertederos en los solares, además de tráfico de drogas al menudeo están al orden del día, como publicó ayer LAS PROVINCIAS.
Se da la circunstancia de que muchas de estas viviendas son propiedad del Ayuntamiento y de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar, formada junto a la Generalitat para desarrollar las obras, incluida la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
En estos inmuebles es donde se han realizado 250 retapiados. El pasado año fueron 150 casos, mientras que en este ejercicio ya superan el centenar. Antes de la orden del Ministerio que desembocó en el Constitucional, las propiedades eran derribadas conforme se iban comprando, indicaron fuentes de la citada empresa.
El problema es que ahora se ha prohibico cualquier demolición, aunque en el resto hay discrepancias sobre la interpretación de la orden ministerial. En todo caso, el gobierno municipal asume que suspende cualquier tipo de licencia.
Por eso, la empresa de mantenimiento contratada se dedica a tapiar puertas y ventanas cuando el Consistorio compra alguna vivienda. La excepción se da en fincas con más vecinos, donde los residentes piden que no se cieguen las entradas por afear el conjunto. «Entonces les pedimos que nos avisen a la mínima impresión de que la vayan a ocupar ilegalmente».
El retapiado se produce varias veces en las mismas casas. Esto se debe a la impunidad con la que se mueven las personas que las ocupan. A base de razonar, en el mismo periodo se han conseguido desalojar 15 viviendas, mientras que en medio centenar las gestiones no han tenido éxito. El siguiente paso es presentar una denuncia en la Policía (14 casos) y posteriormente acudir al juzgado cuando se identifica a los ocupantes, lo que ha ocurrido en 15 ocasiones en año y medio.
Los vecinos se quejan también de impagos de los gastos de comunidad en las fincas donde el Ayuntamiento tiene alguna propiedad, como un elemento más para forzar su degradación. Sobre esto, la respuesta fue que hay casos de compras realizadas por AUMSA, que se transmiten luego al Consistorio.
«Es un proceso largo el de la transferencia, por lo que se pueden producir retrasos, aunque no impagos», indicaron acerca de las dificultades en la Administración de hacer frente en ocasiones a pequeñas facturas.
La degradación se acentúa también en los solares, donde de manera sistemática rompen la puerta que da acceso a la parcela. La asociación vecinal reclamó una solución al Ayuntamiento sobre esto en la calle Los Ángeles, 47 y la respuesta fue que era imposible garantizar que no volviera a ocurrir, por lo que no se colocó otra puerta.
Entre septiembre del pasado año y marzo de este ejercicio, se produjo un plan especial de limpieza de calles y solares, con refuerzo de baldeos y barrenderos. Desde entonces, la presencia de estos operarios ha caído en picado, aunque la empresa Cabanyal-Canyamelar indicó que mantienen la limpieza de solares con regularidad. El caso es que hay vecinos que han tenido que colocar cebos con veneno en sus casas para impedir la entrada de roedores, según comprobó este periódico. Desde la empresa se reconoce que tras la limpieza «en menos de un mes vuelven a colocar chabolas y a llenarlo todo de basura».
La compañía pública tiene algo más de 300 viviendas en propiedad y pendientes de derribo. «Hay una revisión mensual de todas y también contamos con los avisos que nos llegan de los vecinos, para actuar antes si es necesario».