El Cabanyal nos corresponde

2011-01-22Publicat per: Las Provincias
Desde la ventana de mi despacho tengo el privilegio de observar a diario las calles y la actividad de las personas que viven o trabajan en los poblados marítimos, y también a diario puedo recorrer parte de esos barrios donde está previsto que se sitúe la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Los poblados marítimos, es decir, el Grao, el Cabanyal-Canyamelar, la Malvarrosa, Beteró y Nazaret son y forman parte de la ciudad de Valencia desde hace más de un centenar de años. Ya en 1897 se trataba de municipios especialmente atractivos para los intereses de Valencia dada su realidad socioeconómica eminentemente relacionada con el mar, con sectores tradicionales como el de la pesca, o emergentes como el de la actividad portuaria y el turismo.
Con la llegada de la democracia, los dos partidos políticos mayoritarios en aquel momento, el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrática, adquirieron el compromiso de integrar totalmente los municipios anexionados a la ciudad, e impulsarlos adecuando los planes urbanísticos necesarios, que permitieran que Valencia no viviera de espaldas al mar.
Este deseo fue plasmado posteriormente tanto en el programa electoral del partido socialista como en documentos públicos urbanísticos redactados por los socialistas cuando gobernaban en la ciudad, que en aquel momento defendían «por razones de coherencia urbanística» la comunicación de Blasco Ibáñez con el Paseo Marítimo. Y por supuesto, ha sido defendido por el Partido Popular. Desde el primer momento en que fue candidata a la alcaldía de Valencia, la alcaldesa Rita Barberá puso, negro sobre blanco, este compromiso con los valencianos.
Dejando aparte los compromisos políticos, que en democracia constituyen la clave para acceder al gobierno, quisiera entrar en un razonamiento que quizás todos podemos entender. Las comunidades autónomas han recibido sus competencias siempre a través de acuerdos con el Gobierno Central. Esto ha ocurrido así en todos los gobiernos autonómicos de los presidentes Lerma, Zaplana, Olivas y Camps. Estos acuerdos han sido plasmados al máximo nivel en el Estatuto de Autonomía, nuestra norma institucional básica. Y como se desprende de los acuerdos adoptados y de lo que publica nuestro Estatut, es competencia de los municipios la planificación urbanística y de los gobiernos autonómicos su aprobación. Así se ha establecido en nuestra Comunitat y en todas las comunidades autónomas.
Es pues, la primera vez en la historia democrática de España que unilateralmente, y sin mediar ningún tipo de negociación, un Gobierno central, en este caso el presidido por Rodríguez Zapatero, elimina por decreto unas competencias a una autonomía y por ende a un ayuntamiento. No es de extrañar, por ello, que haya suficiente fundamento para pensar que la ministra que firmó ese decreto, a través del que se arrogó las competencias que no eran suyas, haya cometido prevaricación.
El Govern de la Generalitat, ante este acoso del Gobierno central tan desmesurado, ya acordó a principios de 2010 exigir al presidente Zapatero que convocara la comisión bilateral prevista para resolver conflictos entre el Estado y una comunidad autónoma, y abordar las injerencias de su gobierno en nuestras competencias. Esta voluntad de diálogo también fue expresada en les Corts, máximo órgano de representación de los valencianos, pero un año después, seguimos sin haber recibido la mínima contestación sobre este asunto por parte del Gobierno de España. Creemos pues que estamos en nuestro perfecto derecho de defender nuestro Estatuto de Autonomía y lo que ello representa para todos los valencianos, sin distinción de donde residan, aunque en este caso defendiendo especialmente a los vecinos de los poblados marítimos. Por ello, el Govern de la Generalitat, junto con el Ayuntamiento de Valencia, recurrirá a todas las instancias administrativas y judiciales para defender nuestras competencias y lo que entendemos que por ley nos corresponde.