450 viviendas a derribar para ampliar Blasco Ibáñez ya son municipales

2011-01-23Publicat per: Las Provincias
De las 1.603 viviendas que deben derribarse para ejecutar el plan urbanístico del Cabanyal, un total de 450 ya son propiedad municipal. Casi la tercera parte de los inmuebles están disponibles para su derribo, a no ser por la orden de paralización del Ministerio de Cultura, que hace unos días cumplió su primer año de vigencia.
La querella presentada por el Ayuntamiento y la Generalitat contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha devuelto de golpe al primer plano de la actualidad un barrio que se había guardado de nuevo en un cajón a la espera de tiempos mejores. Este año se cumplirá una década del anuncio de 1.500 nuevas viviendas protegidas, todas salidas de los terrenos aledaños a ambos lados del bulevar y conseguidas gracias al patrimonio municipal del suelo.
Ambas instituciones aprobaron este viernes iniciar los trámites del procedimiento penal, que se concreta en una denuncia por presunta prevaricación y desviación de poder. La orden calificó el plan urbanístico de expolio patrimonial de esta parte del Marítimo, en lo que el Consistorio considera como una injerencia arbitraria del Gobierno, al poner el veto a una iniciativa avalada hasta tres veces en otras tantas sentencias del Tribunal Supremo.
En los últimos doce meses, vecinos favorables a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez han visto frustadas sus expectativas. La degradación urbanística avanza al tener el Ayuntamiento las manos atadas, según la interpretación de la orden que hace el gobierno municipal.
Este último detalle refleja las diferencias abismales de la lectura que hace el Partido Popular y el PSPV de la orden. Mientras que los primeros entienden que se frenan todo tipo de licencias, excepto aquellas intervenciones urgentes para garantizar la seguridad del inmueble, el grupo socialista afirma que sólo se refiere a los derribos para la prolongación.
Al margen de los litigios judiciales, la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. (anteriormente Cabanyal 2010), sí que puede cerrar contratos de compra de viviendas, locales y antiguos talleres industriales. De ahí el interés en acelerar estos trámites, a la espera de una sentencia favorable en el Tribunal Constitucional.
De las 450 viviendas de propiedad pública, algo más de un centenar han sido derribadas en los últimos años, precisaron fuentes municipales. El resto, siguen tapiadas y sin contadores de agua y electricidad para evitar dar facilidades a las ocupaciones ilegales.
La plataforma vecinal contraria a las obras se ha mostrado muy crítica por las tasaciones de las viviendas en los casos de expropiaciones, donde se han producido recursos.
La mayor parte de los casos se ha dado en el futuro bulevar San Pedro, fuera de la zona protegida, y que constituirá un eje perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez, en las inmediaciones del mercado municipal.
Un estudio de la empresa sostiene que la ocupación de las viviendas afectadas apenas llega al 40%, es decir, que de las 1.153 todavía en manos privadas, hay vecinos en 461 pisos y casas bajas. Y las cifras descienden más cada año, debido al retraso en la ejecución del plan.
El problema es que el presupuesto de 2001, cuando el plan urbanístico pasó por el pleno para su aprobación, es ahora papel mojado. Aquel documento habla de una inversión pública de 159 millones de euros, cifra insuficiente hoy en día. Baste decir como ejemplo que la estación Central tiene un coste estimado de cerca de 221 millones de euros.
Esta es la razón de que el Ayuntamiento se plantease trabajar por fases el proyecto. El calendario hablaba de una década para su ejecución, por lo que este año debería haber sido el de su finalización. Por el contrario, se ha convertido en un debate de referencia internacional, como asegura la presentación de unas jornadas sobre el barrio organizadas bajo el manto del Ministerio de Cultura y que se celebrarán la próxima semana en Valencia.
Plan Confianza
De ahí la importancia en proseguir con la compra de inmuebles, demostración práctica de la intención del gobierno municipal de sacar adelante el plan, a pesar de los recursos en los tribunales. La decisión es disponer de 15 millones de euros para este apartado, la mitad de los fondos del Plan Confianza destinados al Cabanyal.
La otra parte, como adelantó este periódico, quedarán para iniciar obras de urbanización y un aparcamiento para residentes en el bulevar San Pedro y la prolongación de Blasco Ibáñez, una vez que se dilucide el panorama judicial.
La medida provisional adoptada por el Ayuntamiento para adquirir viviendas ha sido bien recibida por vecinos y comerciantes. «Es una muy buena idea porque así por lo menos se puede ir haciendo algo que ayude a desbloquear el problema. Si hay fondos para adquirirlas, perfecto», señaló el presidente de la asociación de Comerciantes, Antonio García.
Para Amparo Moliner, miembro del colectivo a favor de la prolongación 'Sí Volem', la iniciativa es una manera «de continuar con un proceso que es necesario y que lleva demasiado tiempo bloqueado. Parece ser que es la única opción que tiene el Ayuntamiento y veo muy bien que lo esté llevando a cabo».
«La compra y adecuación ayudarán a frenar la ocupación ilegal de casas, que es lo que más degradación está trayendo a toda la zona», apostilla Rosendo Vilches, propietario de un taller en la calle San Pedro.
Poco más se puede hacer, siempre según la óptica del gobierno municipal, que no permite ni las licencias de rehabilitación. El caso más claro de esto es la reforma fallida del Casinet, la sede de una sociedad musical del Marítimo, y que cuento el Ministerio publicó la orden, estaba a la espera de firmar un convenio con el Consistorio para intervenir en el edificio.
La clave de la cuestión son las seis manzanas de edificios (todos de baja altura) de la zona declarada Bien de Interés Cultural que se cruzan con la prolongación de la avenida. El ámbito está comprendido entre las calles Escalante, Doctor Lluch, Remonta y Mariano Cuber-Francisco Cubells, aunque el cruce se limita por las calles Amparo Guillem y Pescadores.
En cifras, de los 283.130 metros cuadrados del plan urbanístico, sólo 27.932 metros cuadrados se encuentran dentro de la zona protegida.
Lonja de Pescadores
Una de las últimas decisiones del Consistorio ha sido iniciar los trámites para el traslado del edificio construido por la Marina Auxiliante hace un siglo y que se ubica justo en el extremo este de la prolongación, donde se abrirá una gran plaza.
El problema es, precisaron fuentes municipales, de nuevo la orden ministerial. De ahí que no se pueda encargar el proyecto, sino un mero estudio de viabilidad. El propósito es desmontar la nave, reutilizada en la actualidad en parte para comercios y viviendas, y situarla algo más al norte y paralela a la prolongación de la avenida.
Es más, en la parcela donde se situará todavía quedan algunos inmuebles, por lo que antes habría que derribarlos. Nuevamente, el Ayuntamiento se tropieza con la orden ministerial.
Además de las viviendas y las nuevas calles, las diez unidades de ejecución prevén equipamientos públicos. Destacan las zonas verdes, los colegios y los aparcamientos subterráneos, entre otros. El plan urbanístico es mucho más amplio que la ampliación de la avenida, y sobre todo que la zona protegida afectada.
En cifras, hay tres unidades de actuación en este ámbito. Suman un total de 15.100 metros cuadrados de superficie en 477 inmuebles. Al compararlo con el resto de la zona declarada Bien de Interés Cultural, suponen un 5,29% de los 285.257 metros cuadrados.
Acerca de las viviendas afectadas, suponen un 29,75% de las que deben ser derribadas y un 5,25% del total contabilizado en el ámbito del plan urbanístico.
Otro dato relevante de la memoria del plan es el número de personas empadronadas en esta zona, que llega a 410 vecinos, un 4% del total de los empadronados que podrían beneficiarse del plan.
Datos con los que el equipo de gobierno pretende demostrar los beneficios de estas obras, que han entrado de lleno en la precampaña electoral tras la querella contra la ministra de Cultura.