Mobbing inmobiliario en el Cabanyal

2010-03-12Publicat per: otros
CONSULTA. Dª M.T.V. manifiesta “vivo en una vivienda de mi propiedad, que el Ayuntamiento quiere expropiar, por estar afectada por la prolongación de la Avda. Blasco Ibáñez del Plan de Cabanyal. Desde hace más de 10 años, el Ayuntamiento no nos da licencia para reformar la casa. Durante ese tiempo a nuestro alrededor se ha incrementado le venta de droga, la suciedad de las calles y la ocupación de viviendas, por familias que no trabajan ni llevan los niños a escuela. En algunos casos propiedad de las casas ocupadas es del Ayuntamientos,. Todo ello ha creado un ambiente que resulta difícil pasar por determinadas calles. Cuando nos quejamos al Ayuntamiento de la suciedad y delincuencias que estamos rodeados, nos contesta que le vendamos la casa. Pero nos ofrece, menos de la mitad de lo que a nosotros nos costaría otra vivienda como la nuestra. ¿Podemos hacer algo para denunciar la situación de angustia que estamos viviendo?

INFORME. En España se entiende por “mobbing inmobiliario” las conductas de los propietarios de viviendas arrendadas realizadas con la finalidad de recuperar su vivienda aceptando el inquilino sus condiciones. Dicho de otra manera, se trata de un acoso continuado con el objetivo de minar la paciencia e integridad moral del inquilino hasta forzar el abandono de la vivienda. Sin embargo, ese no es el caso del Cabanyal. Pues en ese caso, son los propietarios de las viviendas que no quieren vender, los que sufren el acoso de algunas autoridades y de personal al servicio del Ayuntamiento. En ese caso, entiendo que nos encontramos ante un supuesto de “mobbing institucional”, de acuerdo con los hechos que paso a exponer.

En el año 1991, el Partido Popular accede al Gobierno del Ayuntamiento y se encuentra, un Plan General aprobado el año 1989. Ese plan establecía que en el plazo de un año se aprobaría un Plan Especial de Protección para el Barrio del Cabanyal. Dicho plan estaba prácticamente redactado, pero se congela y no se aprueba definitivamente hasta abril de 2001. Mientras tanto, durante más de 10 años, se congelaron las licencias de rehabilitación y de nueva edificación en aquellas partes del barrio que el Ayuntamiento necesitaba expropiar para ejecutar el plan especial que tenía en mente. Las consecuencias para esa zona fueron, un incremento de la degradación urbanística, el abandono de las familias tradicionales del barrio y su sustitución por sectores marginados vinculados al mundo de la delincuencia.

En el 2001, los Tribunales acordaron la suspensión parcial del Plan Especial. Únicamente suspendieron los derribos necesarios para prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez atravesando el bario declarado Bien de interés Cultural. Precisamente se solicitó la suspensión parcial, para que en el resto del barrio, un 85%, no afectado por derribos indiscriminados, pudieran seguir las tareas rehabilitadoras. Sin embargo, el Ayuntamiento congeló la ejecución del Plan en todo el barrio. En octubre de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictó sentencia declarando la legalidad del Plan, por consiguiente, quedaba eliminada la suspensión cautelar que pesaba sobre el mismo. Pero el Ayuntamiento no inició la ejecución del Plan, obligando a quienes se oponen al mismo, a tener que acudir al Tribunal Supremo a solicitar de nuevo la suspensión cautelar. Siguieron actuando, hasta la sentencia definitiva del Tribunal Supremo de marzo de 2008, como si el Plan estuviera suspendido cuando sabían que no era cierto.

En el mes de junio de 2007, iniciaron el procedimiento de expropiación de dos de las 14 unidades de actuación que está dividido el plan. Afectando únicamente a 135 propiedades de las 1651 afectadas. En el mes de agosto de 2007, venció el plazo para presentar alegaciones. A partir de esa fecha tenían 20 días para contestar alegaciones, pero no fueron contestadas hasta el mes de julio de 2009. Es decir, 24 meses después. Llegamos al 2010, y únicamente habían realizado obras de arreglado de aceras, pavimento y red de alcantarillado en una parte de barrio y la rehabilitación de una biblioteca. Pero la zona verde prevista, los equipamientos y la prolongación de la avenida siguen sin haberse iniciado. Dicho de otro modo, todas las actuaciones, que para ejecutarlas, necesitan realizar expropiaciones siguen pendientes a día de hoy.

Luego en enero de 2010, tras la Orden del Ministerio de Cultura declarando el Plan del Cabanyal, un acto de expolio, y su suspensión, días después, hacían llegar las actas de expropiación a los incluidos en el procedimiento iniciado en 2007. Dos días después, la Generalitat Valenciana en coordinación con el Ayuntamiento aprueban un Decreto Ley, reservado para supuestos de urgencia, pretendiendo dejar sin efectos la Orden ministerial. Decreto Ley que fue suspendido por el Tribunal Constitucional semanas después. De nuevo la Generalitat aprueba nueva Ley derogando el Decreto Ley suspendido por el constitucional, pretendiendo dejar sin efectos la Orden del Ministerio de Cultura. Otra vez fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, durante los 11 años de tramitación del plan, los propietarios que se niegan a vender han soportado las siguientes circunstancias:

Los propietarios de las casas que necesitan expropiar, están aguantando: reiteradas visitas de representantes de la sociedad municipal, encargada de ejecutar el plan, Cabanyal 2010, que en ocasiones, con argumentos coactivos pretenden comprar las casas por un tercio el valor mercado.
Un aumento del tráfico de droga alrededor de sus casas como en ninguna parte de la ciudad.
Como el Ayuntamiento ha ido derribando las viviendas que compra y deja los solares sin vallar, por lo se convertían en estercoleros públicos y unas vías de fácil acceso a sus viviendas por la medianera.
Como la sociedad municipal compraba casas que luego alquilaba, a pesar que carecían de agua o de luz, a familias numerosas (gitanos Rumanos) que viven en la marginalidad.
Como las calles de la parte del barrio que quieren expropiar, están ocupadas permanentemente por personas, cuya ocupación e ingresos se desconoce, creando una situación de riesgo el pasar por allí. Hasta el punto que algunos vecinos han tenido que abandonar sus viviendas, e irse a vivir con familiares a otra parte, porque no resistían el ambiente del entorno de sus casas.
Todo ello, sin olvidar que las mismas normas del Plan Especial establecen que, en todo su ámbito, únicamente se podrán dar licencias de derribo si se obtiene a la vez licencia de la edificación sustitutoria. Sin embargo, se han dado las licencias y ejecutado los derribos sin que exista licencia de edificación sustitutoria, sin otra finalidad que crear un nuevo punto de degradación dentro de la zona a expropiar.

Ahora la Alcaldesa de Valencia, en vez ordenar que se redacte pronto un nuevo plan especial que sea respetuoso con los valores culturales protegidos en el Barrio, tal como le indica la Orden del Ministerio de Cultura, declara que no va a dar ninguna licencia de rehabilitación en todo el barrio. Y ello lo hace ignorando el procedimiento previsto para la suspensión de licencia y sin haber valorado las que pueden resultar compatible con la futura ordenación y las que no. Pues la suspensión únicamente se justifica en el segundo supuesto. Es decir, durante estos largos años ha dejado de hacer lo que tenía el deber legal de realizar, aprobar y ejecutar un plan respetuoso con la legalidad, y, por el contrario, ha ejecutado lo que no debía hacer. Pues en más de media docena de veces los tribunales le han ordenado que parara la ejecución de su plan. En los dos supuestos, su actuación u omisión, han acentuado la degradación del barrio y menoscabado la integridad moral de quienes sufren directamente las consecuencias.

Vistos los hechos citados, cabe recordar que el Código Penal castiga el delito de coacciones y el menoscabo de la integridad moral de las personal. Por esos delitos ya han sido condenados algunos propietarios por realizar prácticas de “mobbing inmobiliario” contra los inquilinos de sus viviendas. Concretamente por realizar “una conducta intimidatoria”,.. “por impeler lo que no se quiere hacer”, y sobre todo “por la intensidad y temporabilidad del comportamiento coactivo”. En fin, creo que si esos comportamientos son motivo para condenar a particulares, también deben serlo para condenar a la administración que así actúe. Pues resulta evidente que las actuaciones y omisiones del Ayuntamiento, en la ejecución del plan, tiene por finalidad que los propietarios acepten los precios de compra que ofrece el Ayuntamiento, para evitar ejecutar una expropiación que de acabar en los tribunales podría fijar 2.000 € m2, frente los 500 ó 700 que ofrece el Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento pretende obligar a hacer lo que no se quiere mediante la intimidación o coacción. Pero para probar esto ante el tribunal es necesario un trabajo previo realizado por profesionales competentes.

En todo caso, no se puede olvidar que para que un tribunal pueda condenar, a los autores y responsables de los hechos mencionado, necesita que se le aporten las pruebas oportunas y por medio del procedimiento adecuado. Además, el caso que usted me consulta, es un caso que sufren, y preocupa a centenares de vecinos. Por otra parte, juntar y disponer de las pruebas necesarias, únicamente puede ser fruto de una tarea colectiva coordinada entre quienes sufren esos hechos y los que no quieren que el barrio se siga degradando. No creo que se trate de un caso que se pueda afrontar y resolver individualmente. Así que dado que en el barrio hay más un de colectivo trabajando por su rehabilitación, entiendo que debe contactar con ellos, para realizar como colectivo aquellas actuaciones necesarias para que se acabe “mobbing institucional” en el Barrio. Por mi parte le recomiendo que contacte con la “AAVV Cabanyal-Canyamelar” o la “Plataforma Salvem el Cabanyal.”