La inversión en 2011 asciende a 800.000 euros y servirá para eludir la orden de paralización de las obras por el Gobierno

El Ayuntamiento reformará viviendas fuera del plan del Cabanyal para realojos

2010-12-02Publicat per: Las Provincias
El plan de actuaciones previsto por el Ayuntamiento en el Cabanyal el próximo año incluye la compra de viviendas para rehabilitarlas fuera del ámbito paralizado por la orden del Ministerio de Cultura. Así figura en el documento elaborado por la empresa pública que gestiona las obras, con una partida que rondará los 800.000 para 2011.
El consejo de Administración de Cabanyal 2010 dio cuenta ayer del programa de actuaciones, donde se habla de que las inversiones públicas deben «atender los objetivos de regeneración del barrio como cometido principal».
Por esta razón, los gestores de la entidad aconsejan «buscar la posibilidad de adquirir edificios para su rehabilitación o promoción y generar de esta forma un parque de viviendas complementario al de realojos». Hay varios emplazamientos previstos para estas promociones, que además eluden el recurso presentado por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Eso no quita, como adelantó este martes el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, que se destinen fondos públicos para la compra de viviendas condenadas al derribo. El programa al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS habla de una partida de cuatro millones de euros para zonas como la calle San Pedro, la futura prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el frente marítimo y algunas «alineaciones puntuales», en referencia a estrechamientos en calles que se mantienen vigentes en el plan.
La imposibilidad de derribar ha traído un problema añadido, apuntan los técnicos. Los trabajos de mantenimiento «crecen en importancia», en referencia al tapiado continuo de los inmuebles, con el propósito de evitar ocupaciones ilegales en el barrio.
«El parque inmobiliario se incrementa y no se derriba, con lo que se eleva el gasto». De todas maneras, sigue siendo una cantidad menor, al estimarse en unos 70.000 euros para 2011.
Tras la junta, el concejal socialista Vicente González Móstoles criticó que el programa «contempla de forma casi exclusiva la adquisición de viviendas y edificios para continuar los derribos». Por este motivo, se opuso a esta estrategia, que en su opinión supondrá el «deterioro urbano y degradación social». El grupo socialista actual se opone a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
Para el edil, «la política del PP respecto al Cabanyal supone un ejercicio de insumisión». Consideró, además, que el traslado de la Lonja de Pescadores, intención reiterada ayer por Grau pero del que aseguró no se ha encargado informe alguno, constituye un «despropósito» y una «barbaridad urbanística y patrimonial».
Por el contrario, Grau dijo que se va a reconstruir «pieza a pieza» el edificio en un lugar cercano al actual, al estar afectado por la prolongación de la avenida. Recordó al grupo socialista que este proyecto «es exactamente igual al del Ministerio de Fomento, aprobado por el de Cultura, para el desmontaje y reconstrucción de los muelles de carga de Renfe en el Parque Central».
«Por lo tanto, si el PSPV critica el traslado de la Lonja de Pescadores, por la misma razón debería criticar el proyecto del Ministerio», dijo
El inmueble centenario tiene un siglo de antigüedad y según el gobierno municipal es el único protegido afectado por la apertura de la avenida. Sobre esto, la asociación de vecinos aseguró ayer que hay otros que también gozan de protección patrimonial, como las casas que hay al otro lado de la calle, en dirección al mar, así como varias fincas en el interior.
González Móstoles recordó que el programa de actuaciones no incluye el presupuesto oficial. Sobre esto, la parte gruesa quedará a la espera del desbloqueo de las obras o el final del litigio judicial. Sin ir más lejos, el Plan Confianza reserva 30 millones de euros para la urbanización de varias calles y la promoción de nuevas viviendas.
Fuera de la zona protegida, la parte más avanzada es el futuro bulevar San Pedro, una avenida perpendicular a la prolongación y para lo que se estima que falta una inversión de 2,3 millones de euros en expropiaciones pendientes. En esta calle se produjeron las últimas demoliciones antes de que el recurso interpuesto en el Constitucional.