La empresa gestora del plan seguirá el próximo año comprando más pisos para derribar y hará proyectos de viviendas para realojos

Barberá negociará parte de la prolongación si el Gobierno desbloquea las obras del Cabanyal

2010-12-01Publicat per: Las Provincias
El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, planteó ayer una negociación con el Ministerio de Cultura acerca de un tramo de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, en concreto el que atraviesa la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La condición que establece el gobierno municipal es que el Gobierno levante el decreto que paraliza cualquier obra en el ámbito del plan urbanístico. «Es indispensable para negociar. Dentro de la zona BIC podemos hablar, fuera carecen de competencias», añadió.
¿Qué términos debería tener la negociación? A preguntas de LAS PROVINCIAS dijo que la postura del Ayuntamiento es clara y tiene su reflejo en el plan aprobado. «Estudiamos hasta cinco alternativas para quedarnos con la ya conocida», en referencia al bulevar de 48 metros de anchura y edificios de viviendas protegidas.
«Queremos saber qué variantes propone el Gobierno para el tramo del Bien de Interés Cultural». El cruce de la prolongación de la avenida con la zona BIC apenas afecta a un puñado de bloques de edificios, aunque se ha convertido en un nudo gordiano desde que se aprobó la protección patrimonial de parte del barrio.
La empresa Cabanyal 2010 celebra hoy una junta para acordar el plan de actuaciones el próximo año. La mayoría están bloqueadas por la orden del Ministerio de Cultura, aclaró Grau, aunque seguirán trabajando en proyectos listos para su adjudicación.
El asunto se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno presentara un recurso contra la modificación legislativa de la Generalitat que amparaba la prolongación a través de la zona protegida, un tramo delimitado por las calles Amparo Guillem, Pescadores, Escalante y Doctor Lluch.
Sí hay margen de maniobra para la adquisición de viviendas por parte de la empresa pública y es una estrategia que seguirá en los próximos doce meses. De momento se plantea una partida de un millón de euros, aunque ninguno de los inmuebles podrá derribarse.
Las áreas de adquisición previstas son el barrio de Beteró, las calles Tramoyeres, Arzobispo Company, San Pedro, Luis Despuig, y la futura prolongación. En este caso no se distingue fuera o dentro de la zona protegida, debido a que se trata de acuerdos no afectados por el decreto del Ministerio. La segunda actuación prevista, explicó Grau, es la construcción de viviendas para realojos. Una promoción de AUMSA de 73 pisos de promoción pública que sí saldrá adelante debido a que la licencia es anterior a la orden de paralización, emitida en enero.
«Como no ha caducado, entonces podremos hacerlas». Los pisos estarán en el entorno del bulevar Serrería, en la parte norte de la futura ampliación de la avenida. La empresa también encargará proyectos en Blasco Ibáñez y la calle Mariano Cuber, esto último en solares junto al recién inaugurado ateneo, aunque tendrán que esperar a que se desbloquee el plan.
Fuera del ámbito, en la zona norte, hay una promoción de viviendas en alquiler, que por esta calificación no sirven para los realojos. Queda pendiente la ejecución de ocho licencias de derribo y una veintena más debido a que no se tiene la titularidad de toda la finca.
El portavoz del gobierno municipal habló de un plan director de instalaciones, necesario antes de ejecutar las obras de urbanización. Este documento servirá para la ordenación de los servicios públicos en el subsuelo, principalmente en zonas como el bulevar San Pedro, donde se produjeron las últimas demoliciones antes de que el contencioso llegara al Constitucional.
El concejal no desaprovechó la ocasión para reiterar las críticas al PSPV por los distintos criterios difundidos estos días sobre la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. «Esto no son juegos semánticos, como dice el señor Alarte, sino realidades tangibles que están apenas a unos kilómetros de aquí».
El candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, se mostró dispuesto a pactar la ampliación de la avenida, siempre con el consenso vecinal, lo que fue descartado por la portavoz actual, Carmen Alborch. Grau se refirió también a las acusaciones de Alarte de que el plan urbanístico es «especulador».
«Seguro que en su municipio encuentra casos que se pueden catalogar así más que en el Cabanyal. Todas las viviendas serán de promoción pública y tienen cinco alturas, en una avenida de 48 metros de anchura».
Una de las bazas que tiene el gobierno municipal es la inversión prevista con fondos del Plan Confianza. Se trata de una cantidad que oscila entre los 40 y los 60 millones de euros, pendiente de que se puedan reiniciar las obras. Parte de esa cantidad se ha destinado a otros proyectos en la ciudad, aunque la voluntad del Consistorio es mantenerla durante los próximos meses.
Gray también habló de la oficina de rehabilitación e información, que de momento tendrá sólo la segunda función, al estar todas las licencias afectadas por la orden del Ministerio.
Sobre los permisos de obras menores, el portavoz el gobierno municipal reiteró que no se han interrumpido nunca por completo, sino que se conceden en función de las circunstancias de cada caso. Igual ocurre con las autorizaciones que pasan por la comisión de Urbanismo, apuntó.