El defensor del Pueblo estudia la queja de vecinos de El Cabanyal (Valencia) por la suspensión de licencias

2010-11-10Publicat per: Europa Press
La Defensora del Pueblo en funciones ha iniciado el estudio de la queja presentada por la Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar de Valencia por la decisión del equipo de Gobierno municipal de suspender los expedientes relativos a actuaciones administrativas de todo tipo realizadas en la ejecución del PEPRI.

Así lo ha indicado en una resolución de fecha 3 de noviembre en el que comunica que la presentación de un escrito ante esta institución no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas ni judiciales ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra aquellas en caso de que fuera procedente.

La Asociación de Vecinos presentó una queja ante la institución el pasado 28 de octubre a raíz de una circular de la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en la que se concretan los criterios interpretativos de la orden del Ministerio de Cultura en relación con el barrio, y por la que se suspenden "como medida cautelar, los expedientes relativos a actuaciones administrativas de todo tipo realizadas en ejecución del PEPRI del Cabanyal-Canyameral", en "cumplimiento" de la resolución ministerial.

La entidad vecinal ha lamentado en un comunicado que "una vez más quede patente que el único interés que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, sea mantener su pulso con el gobierno del Estado español, en su empeño de expoliar el patrimonio cultural que representa nuestro barrio".

Asimismo, ha criticado que en los "maltrechos presupuestos" municipales de 2011, "el Ayuntamiento de Valencia pretenda gastar 7,5 millones de euros para comprar casas del Cabanyal, con la única finalidad de derribarlas, en el hipotético caso de que finalmente el Tribunal Constitucional le diera la razón".

Para la entidad, esto "demuestra que el interés que la alcaldesa Rita Barberá tiene por este barrio, nada tiene que ver con lo que demandan sus vecinos" y ha añadido que las casas "que puedan caer en manos del Ayuntamiento, como ha venido siendo hasta este momento, pasarán a engrosar la bola de lodo que viene degradando nuestro barrio con la política municipal".

"NUEVOS FOCOS DE DEGRADACIÓN"

"Son casas que en el mejor de los casos serán tapiadas, pero que en muchos casos pasarán a ser ocupadas ilegalmente por grupos marginales que realizarán actividades delictivas en su interior. Se convertirán en nuevos focos de degradación y venta de droga, lo cual facilitará que la capacidad de resistencia de los vecinos del entorno se vea nuevamente amenazada", ha apuntado la Asociación, que ha lamentado que "esa es la táctica seguida durante todos estos años".

La Asociación de Vecinos advierte de que no "cederá" en su "empeño de seguir luchando para que las condiciones de vida de los habitantes de esta parte de la ciudad de Valencia, no se vean agredidas por políticas municipales personalistas absurdas, que con la excusa de tener que cumplir una Orden Ministerial que obliga al Ayuntamiento a modificar el planeamiento actual, para eliminar el expolio que ocasiona, el equipo de gobierno pretende infringirle un castigo, que resulta inexplicable que proceda de quien debería estar buscando, en cualquiera que fueran las circunstancias actuales, el mayor bienestar posible de los vecinos".

En este sentido, insiste en que ese bienestar "a día de hoy, para nada pasa por suspender las licencias de obras y actividades hasta que el Tribunal Constitucional dicte su sentencia, cuestión ésta que puede tardar varios años".