La Generalitat había pedido una aclaración del auto, que el tribunal ha desestimado al decir que no hay confusión sobre lo derogado

El Constitucional ratifica la suspensión de obras fuera de la zona protegida del Cabanyal

2010-09-24Publicat per: Las Provincias
El Tribunal Constitucional no permite ni un solo movimiento de derribos en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal. Ni en la zona declarada como Bien de Interés Cultural ni en la que no está protegida. Así se lo transmite el Alto Tribunal a la Abogacía de la Generalitat en un auto firmado el pasado 6 de septiembre y que ayer fue tramitado por la Mesa de Les Corts Valencianes.
La resolución firmada por el pleno del Tribunal Constitucional responde al escrito remitido por la Abogada de la Generalitat en el que pide que se le aclaren varios puntos del auto del 28 de julio por el que el Constitucional mantenía la suspensión de los artículos 1,2,3 y el apartado 2 de la disposición derogatoria y del párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley 2/2010, de 31 de marzo. Una norma aprobada por Les Corts para convertir en ley el decreto firmado por el Consell y validar así los derribos necesarios para la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
En su escrito, la abogada de la Generalitat entiende que el auto del Constitucional sólo afecta a la zona que está protegida como Bien de Interés Cultural, mientras que en lo que no está catalogado «no requiere pronunciamiento alguno sobre el levantamiento de la suspensión». Es decir, que se podría continuar con las obras y los derribos. Por eso pide al Constitucional que aclare el auto del 28 de julio por el que se mantenía la suspensión de las actuaciones.
El Alto Tribunal, en su auto del 6 de este mes, viene a recordar a la abogada de la Generalitat que lo que solicita «es una petición ya formulada...con la clara pretensión de que este Tribunal revise expresamente lo ya decidido, que no es otra cosa que ratificar la suspensión de los preceptos legales objeto de este proceso constitucional». El Constitucional señala que no caben nuevos pronunciamientos «pues no existe concepto oscuro que aclarar».
El Alto Tribunal recuerda a la Generalitat que no decide sobre la aplicación de un plan urbanístico «sino acerca de la suspensión de los preceptos legales sobre los que se ha trabado la controversia». El pleno del órgano judicial considera que se le pide un nuevo pronunciamiento sobre algo ya resuelto, «por lo que no procede la aclaración».
Y si la paralización de cualquier actuación urbanística en este barrio vuelve a ser noticia, también lo es la campaña que está impulsando el Ayuntamiento para frenar la degradación de la trama urbana donde está previsto prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.
Varias patrullas de la Policía Local mantienen una vigilancia intensiva en las calles donde se concentran el mayor número de viviendas deshabitadas para evitar nuevas ocupaciones ilegales. Además, el Ayuntamiento anunció recientemente que impulsará la visita puerta a puerta a todas las casas que presenten indicios de estar habitadas ilegalmente para requerir los papeles que les puedan acreditar como dueños.
«Si no lo son, se les informará de que no pueden estar ahí. Además, se buscará a los propietarios para que presenten denuncia por vía judicial para cerrarla y volverá a tapiar», apuntó Miguel Domínguez, concejal de Seguridad Ciudadana.
Además, los efectivos policiales recorren a diario calles como San Pedro, Luis Despuig o Escalante para exigir el cumplimiento de la ordenanza de limpieza y evitar la acumulación de enseres de todo tipo, muebles o incluso material para encender hogueras por la noche en la vía pública.
Los pocos comerciantes que resisten el día a día en esta zona degradada apuntan que como la paralización siga vigente mucho tiempo más, «no va a quedar tejido social ni actividad vecinal en la zona. Ya no quedará nada para recuperar», explica un comerciante.
El plan urbanístico está en un compás de espera, decretado además por el gobierno municipal al entender que no puede realizar ninguna obra. La alcaldesa Rita Barberá pidió esta semana que el Ministerio de Cultura aclare de una vez si la orden ministerial se refiere a cualquier tipo de obras (como entiende el Ayuntamiento) o sólo a las que se desarrollen en la zona protegida por la declaración de Bien de Interés Cultural.
La paralización de derribos ha supuesto también un aumento paulatino de la ocupación ilegal de viviendas, compradas ya por la empresa Cabanyal 2010 o todavía en manos de propietarios privados que no viven desde hace años en el barrio. El ejemplo más claro de esto es la calle San Pedro, la zona donde abundan más solares, fuera de la zona protegida del Cabanyal.