Colisiones entre el poder judicial y la ciudadanía

2006-05-27Publicat per: Levante
Los presidentes de los tribunales superiores de justicia que gobiernan el poder judicial en las comunidades autonómicas están haciendo públicas sus opiniones sobre las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo. En el editorial del Levante-emv del 10 de mayo se comentaba que las colisiones del poder judicial y del ejecutivo son habituales y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), señor de la Rúa, había declarado que los jueces tienen suficiente capacidad para gobernarse por sí mismos. Para entendernos, defiende las competencias exclusivas en materias de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces. Cuestiones que están regladas pero que no se deben entender como inamovibles, porque siempre se puede mejorar y la discusión abierta y sincera nos puede llevar a mejores niveles de funcionamiento.

En todas estas discusiones y manifestaciones del poder judicial hay una cuestión fundamental que se omite, se trata de que las actuales Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, además de gobernar a los jueces, también resuelven las demandas y quejas de los/as ciudadanas/os referidas al funcionamiento de la administración de justicia. Resulta que en estos casos el gobierno del Poder Judicial se convierte en juez y parte, esta circunstancia puede dar lugar a posibles actuaciones arbitrarias. Por supuesto que el corporativismo, que afecta a todas las profesiones, también afecta a jueces y magistrados.

Pongamos un ejemplo. Hace un año y medio yo mismo, en nombre propio y en representación de la Plataforma Salvem El Cabanyal - Canyamelar solicité al señor de la Rúa, como Presidente del TSJCV, información referente a los criterios y normas con que se había formado el Pleno de la Sala de lo Contencioso que dictó sentencia sobre el Pepri de El Cabanyal. En aquel momento me quedé muy extrañado con la respuesta que recibimos: no había respuesta porque no acreditábamos representación suficiente para realizar la pregunta.

Para entender mi extrañeza comentaré que unos meses antes el señor de la Rúa había atendido una petición de entrevista personal, solicitada en los mismos términos. Recibió con gran amabilidad y atención a una delegación de la Plataforma Salvem El Cabanyal, así tuvimos la oportunidad de solicitarle que agilizase en lo posible la tramitación del contencioso dada la trascendencia social, patrimonial y el gran número de personas afectadas. En términos semejantes transcurrió otra entrevista con el Presidente de la Sala de lo Contencioso, señor Díaz Delgado, por cierto ahora ascendido a magistrado del Tribunal Supremo.

Por supuesto que redactamos de nuevo la solicitud de información demostrando que estaba legitimado. La respuesta llegó pero no solucionaba nada, se nos contestó que como lo que pedíamos seguramente iba a ser utilizado para impugnar el tribunal la solicitud debía ir dirigida a la propia Sala de lo Contencioso. Registramos la nueva demanda y nos contestaron que como ya era una sentencia firme ya no cabía dar explicaciones. En fin. La sentencia paso a no ser firme al haber aceptado el Tribunal Supremo el recurso de casación, así que volvimos a pedir la información. Durante el tiempo transcurrido tuvimos ocasión de ampliar la pregunta y mejorarla, ahora, además de conocer las normas que permiten a los magistrados formar un pleno de sala, queremos saber las normas de reparto de los expedientes cuando entran en el registro.

A este último asunto nos han contestado de nuevo con evasivas, sin afrontar la pregunta concreta que formulamos, el tema ya empieza a ser grave si consideramos que se trata de información que debe ser de dominio público. Sobre el otro asunto que nos ocupa, la composición de los Plenos de Sala, ni se contesta.

Por lo tanto ¿quién resuelve este conflicto?, ¿qué mecanismos pueden garantizar la imparcialidad en la solución?, ¿quién se responsabiliza de que ha pasado más de un año y medio desde que se formuló la primera pregunta? Por cierto, el Defensor del Pueblo no tiene competencias en temas que se refieran al poder judicial.

Hemos vuelto a formular de nuevo las cuestiones pendientes de respuesta y de forma más completa y precisa. De nuevo estamos pendientes de contestación. De ahí nuestra conclusión: algo se debe poder mejorar en las relaciones del poder judicial y la ciudadanía en general. No estaría de más que en el encuentro que se está celebrando estos días entre presidentes de TSJ se planteasen esta problemática.