La sentencia permite al Ayuntamiento ejecutar la demolición de cuatro edificios

El Tribunal Superior aprueba derribos en el Cabanyal fuera de la zona protegida

2006-04-19Publicat per: Las Provincias
El Tribunal Superior ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento y permitirá la demolición de cuatro edificios situados en el barrio el Cabanyal, dentro del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Los edificios están fuera de la zona protegida, donde sí están suspendidos los derribos.
Un capítulo más del contencioso que mantienen la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal y el gobierno municipal desde hace años, en relación con el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia falló ayer a favor de las tesis del Consistorio para permitir la demolición de cuatro inmuebles en la futura zona del bulevar de San Pedro.

Se trata de pequeñas construcciones situadas en los números 21, 95 y 101 de la calle San Pedro, así como el número 32 de la calle Francisco Eiximenis. En esta última dirección, la empresa contratada por la compañía municipal AUMSA sí demolió una vieja fábrica antes de que llegar la orden de paralización de los trabajos, tras la petición vecinal.

Esta reclamación se justificó en que las obras no iban acompañados de la licencia del proyecto que se pretende ejecutar. Fuentes de Salvem el Cabanyal subrayaron los votos particulares de tres magistrados, lo que llevó a decir al portavoz de la entidad, Faustino Villora, que al menos “existen como mínimo, dudas legales sobre los derribos”.

Ámbito de la zona protegida

Por el contrario, uno de los principales argumentos de la sentencia es que el ámbito de suspensión de derribos se ciñe al rectángulo formado por las calles Escalante, Pescadores, Doctor Lluch y Amparo Guillem. El resto del plan urbanístico “está vigente y operativo en contra del punto de partida de la juzgadora de instancia y, en principio, lo estará hasta que finalice el proceso con sentencia firme”.

En la partida de ajedrez que se ha convertido la prolongación de Blasco Ibáñez, hay que diferenciar la suspensión decretada por un tribunal sobre la zona protegida, recurrida por el Ayuntamiento en el Supremo, del resto de actuaciones que se quieren hacer en el barrio.

Con el propósito de mantener la trama urbana y evitar cualquier derribo, la plataforma vecinal decidió recurrir las licencias de demolición también fuera de la zona protegida, lo que atañe a los cuatro edificios objeto de este recurso.

Villora subrayó que el recurso contra las licencias de derribo “seguirá su camino ya que el asunto de fondo no está resuelto todavía... Sólo se ha anulado la suspensión cautelar de las licencias de derribo”.

El Supremo no fallará sobre la zona protegida hasta dentro de varios años, aunque el propósito de la Administración es acometer otras unidades de actuación. Un ejemplo de esto es la creación de la sociedad pública Cabanyal 2010, que aglutina a la Generalitat, el Ayuntamiento y varios accionistas privados.

Es más, el gobierno municipal ha aprobado en su última modificación de créditos una partida de 279.000 euros para la compra de viviendas en el Cabanyal, con el objeto de contratar después su demolición. En total, la previsión es derribar 1.650 viviendas, en gran parte abandonadas por el retraso en la ejecución de este plan urbanístico.

Villora dijo que Grau “ordena los derribos antes de la sentencia entenderemos que quiere provocar. La plataforma no va a caer en provocaciones de ese tipo.” Los vecinos denunciaron en el juzgado el intento de derribo de otro edificio, situado en la calle Escalante, donde el Consistorio todavía no ha presentado ningún recurso.

Respeto a la justicia

El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, comentó en una nota de prensa que la posición mantenida por el gobierno municipal “ha sido y será siempre de máximo respeto hacia las decisiones de la justicia, tanto cuando los dictados han supuesto la paralización cautelar de los derribos, como ahora en que determinan que las licencias de derribo se ajustan a derecho”.

En su opinión, de la sentencia se desprende que en esta zona del Cabanyal-Canyamelar, “al igual que como en cualquier parte de la ciudad no declarada BIC, es posible que un particular o la misma administración llevan a cabo derribos dentro de lo que establece la legislación.

En su comunicado, la plataforma vecinal asegura: “una vez más manifestamos nuestra extrañeza ante los cambios de marcha de la Administración de justicia, cuando llega al TSJ. En un mes y medio han resuelto un procedimiento que de media tarde entre ocho y doce meses”.