Salvem El Cabanyal afirmó que la sentencia del Tribunal de Justicia no es una autorización para prolongar Blasco Ibáñez

2006-04-18Publicat per: Levante
La Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que admite los recursos presentados por el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad pública AUMSA contra el auto de un juzgado que suspendía cautelarmente las licencias administrativas de derribo de varios edificios en la zona de El Cabanyal-Canyameral de la ciudad "no supone una autorización de la prolongación" de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar "ni del Plan que la desarrolla, ya que este asunto, el de la legalidad o ilegalidad del PEPRI, está pendiente en el Tribunal Supremo".
De este modo, la plataforma ciudadana se refirió a la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha admitido los recursos presentados por el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad pública AUMSA contra el auto de un juzgado que suspendía cautelarmente las licencias administrativas de derribo de varios edificios en la zona de El Cabanyal-Canyamelar de la ciudad y considera que esta decisión sólo afecta a la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y no a estos inmuebles situados en las calles San Pedro (números 95, 101, 21), Luis Despuig (8 y 10) y Francisco Eximinis 32.

En este sentido, Salvem El Cabanyal-Canyamelar explicó que "se trata de la anulación de la suspensión cautelar de las licencias de derribo" al tiempo que indicó que, aunque "se pueden demoler las casas", "el recurso contra las licencias de derribo seguirá su camino ya que el asunto de fondo no está resuelto todavía".

A su juicio, el primer teniente de alcalde y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, "incurrirá en una irresponsabilidad político-administrativa si ordena el derribo de esas casas porque en la propia sentencia se manifiesta un voto particular contrario a la propia sentencia". "Ello quiere decir que, como mínimo, existen dudas legales sobre los derribos" y al respecto recordó que "el principio de precaución que debe presidir toda actuación administrativa aconseja suspender los derribos dada la irreversibilidad de los mismos".

Para la plataforma, "si Grau ordena los derribos antes de la sentencia entendemos que quiere provocar", por lo que advirtió que "la Plataforma no va a caer en provocaciones de ningún tipo". Así, señaló que Salvem El Cabanyal-Canyamelar, "pasados unos días necesarios para estudiar la sentencia en profundidad", hará pública las decisiones que se tomen al respecto, así como una valoración en profundidad de la misma.

Por último, manifestó su "extrañeza" ante "los cambios de marcha de la administración de justicia cuando llega al TSJCV", puesto que, recordó, "nos han retrasado procesos cuando han querido y nos han adelantado este de forma extraordinaria; en un mes y medio han resuelto un procedimiento que de media tarda entre 8 y 12 meses, como mínimo"."Todo un récord cuando se llega al TSJCV, una maravilla si para todo y todos fuera igual. La transición no ha llegado al funcionamiento de la Justicia", aseveró.