Nota de prensa de la Asociación de Vecinos

2010-07-30Publicat per: AVV Cabanyal-Canyamelar
Desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar celebramos este nuevo Auto del Tribunal Constitucional, que para nosotros supone un nuevo paso hacia el reconocimiento final de las tesis que hemos venido defendiendo en todos estos años.

Resulta lamentable leer los argumentos de la GV y Ayuntamiento utilizan, lamentando que la Orden Ministerial les impide atajar la degradación que sufre nuestro barrio. Los responsables municipales saben que carecen de argumentos legales para echar la culpa de la paralización de las licencias a la necesidad de acatamiento de la Orden Ministerial. En caso contrario se habría dictado una resolución de Alcaldía que hubiera decidido la suspensión de licencias en el ámbito del suspendido PEPRI y se hubiera actuado de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley Urbanística Valenciana que regula dicha suspensión y publicando en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

Pero el procedimiento no ha sido ese, según nuestras noticias, los trámites administrativos para la concesión de las licencias se realizan sin problemas y cuentan con los informes favorables de los técnicos municipales. No es un problema de ausencia de cobertura de legalidad urbanística el que impide concederlas, una vez suspendido el PEPRI. Tan solo es una cuestión de obcecación política la que ordena que no se estampe la última firma que permitiría la concesión de dichas licencias. Es una actuación política que intenta hacer oposición, a quienes nos oponemos al plan y de paso tratar de criminalizar al gobierno de España. Nada les importan los intereses de los vecinos, tan solo intenta utilizarlos, tratando de enfrentarlos con quienes hemos impedido que se cometa un delito de expolio con el patrimonio de los valencianos. De ser de otro modo, se debería haber intentado poner remedio al lamentable estado de degradación urbanística en el que se ha dejado nuestro barrio, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Solares sin vallar, casas a medio derruir, viviendas de propiedad municipal ocupadas por grupos desfavorecidos en condiciones de total falta de higiene y salubridad, suciedad y coches abandonados en las calles, hierva que crece junto a los bordillos de las aceras. Todas ellas cuestiones de responsabilidad municipal, que pretenden ser utilizadas como presión sobre los sentimientos de la gente. El mensaje es claro: mientras no se pueda hacer la prolongación, porque es ilegal, se mantendrá la degradación.

Una actuación política injusta y arbitraria que se opone a lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, arts. 86, 87 y 92 de la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), así como lo establecido en la Sección Segunda, Capítulo III del Título II de la Ley 4/98 de 11 de Junio de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano, y los arts. 3.61 al 3.73 de la Normativa Urbanística del P.G.O.U. (B.O.E. 14-1-89), cuyo cumplimiento debería garantizar el deber urbanístico de conservación por los propietarios de los inmuebles. Una actuación política que pretende estar por encima de la ley sin ser así, que se convierte en un abuso de autoridad y por tanto podría ser calificada como PREVARICACIÓN.

Lamentablemente las consecuencias de esta injusta y arbitraria actuación municipal –ausencia de licencias y ayudas económicas para la rehabilitación- las sufrimos directamente los vecinos, comerciantes y emprendedores de este barrio, pero también el patrimonio cultural de todos los valencianos que constituye el conjunto histórico del Cabanyal y por tanto esta actuación contribuye a perpetuar el EXPOLIO denunciado por el Ministerio de Cultura.