EL TS DESESTIMA EL ÚLTIMO DE LOS TRES RECURSOS PRESENTADOS CONTRA EL PROYECTO

El Supremo avala la prolongación de Blasco Ibáñez y los derribos en El Cabanyal

2008-12-23Publicat per: Diario Crítico
El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia contra la autorización del Plan de Reforma de Protección Interior del barrio de El Cabanyal de Valencia, que prevé la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. En un fallo hecho público este martes, el Supremo desestima la última de las tres objeciones presentadas contra esta prolongación tras rechazar anteriormente los interpuestos por la plataforma Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos Pavimar contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El proyecto prevé el derribo de 1.600 viviendas.
La mayoría de los magistrados de la sala del TSJCV -once, frente a ocho que suscribieron un voto particular- sostenían que la cuestión a debatir en este caso no residía en si los planes urbanísticos debían respetar el patrimonio histórico y cultural, "que nadie lo duda", sino si la prolongación de Blasco Ibáñez pretendida por el Ayuntamiento de Valencia es o no "respetuosa y beneficiosa" con el patrimonio y si cumple la excepción prevista en la normativa.

Así, consideraban que con el proyecto no sólo se trataba de "facilitar la conexión de Valencia con el mar", una finalidad que calificaban de "legítima" y que "por sí misma pudiera justificar el sacrificio particular de determinados derechos", sino igualmente de "lograr la mejora del barrio del Cabanyal-Canyamelar, facilitando su integración en la ciudad y siendo respetuoso con la identidad del conjunto".

La sala del TSJCV estimaba que el PEPRI prevé una penetración en el barrio "blanda" e indicaba que no quedaba acreditado que alguno de los inmuebles desprotegidos de la zona fueran merecedores de protección, que no aparecían cuestionados por la prolongación bienes como la cerámica o la Semana Santa Marinera y, en relación con el derribo de viviendas protegidas, los que desaparecían estaban catalogados en el PGOU "a título transitorio" y sólo los resultantes del PEPRI "y no otros, son los que deberán incluirse en el inventarios general" al que se refiere la ley.

Más rechazos

Ahora, el rechazo por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación presentado de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, se suma a la desestimación, conocida el pasado mes de marzo, de los otros dos recursos contra esta actuación urbanística interpuestos por la asociación de vecinos Pavimar y el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos del Cabanyal Canyamelar (Indipcacc-Salvem El Cabanyal).

La prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar por el barrio de El Cabanyal-Canyamelar es un proyecto urbanístico del equipo de gobierno del Ayuntamiento de esta ciudad, presidido por la alcaldesa Rita Barberá. Desde que comenzó a gestarse esta intervención, han pasado once años de debate en torno a esta actuación en las instancias administrativas y judiciales.

"No hay expolio"

El Tribunal Supremo se remite, en la sentencia con la que desestima el recurso de la federación vecinal, en el fallo conocido este martes a las dos sentencias que emitió para desestimar los recursos de Pavimar y Salvem El Cabanyal. Así, estima que "aunque la recurrente alega que el Plan Especial de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar comporta un verdadero expolio del conjunto, lo cierto es que no hay constancia".

Respecto a las competencias sobre protección del patrimonio alegadas por los representantes vecinales, demandando la vigilancia del Estado, la sentencia dice que "las obras que el denunciante calificadas de expolio se encuentran respaldadas por un proyecto promovido y aprobado por las administraciones local y autonómica, que tienen competencias para ello".

En este sentido, mantiene que "el reproche de expoliación se dirige contra un instrumento de planeamiento que ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación y aprobación han intervenido las administraciones local y autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias, produciendo todo ello como resultado un Plan Especial de Protección cuyas determinaciones, se compartan o no, no puedan ser tachadas de irracionales o arbitraras".

Igualmente, el Supremo agrega que "ese modo de proceder las dos administraciones actuantes y el resultado que ello se ha derivado no tienen encaje, por tanto, en el concepto de expoliación, por amplio que sea el sentido que quiera darse a este término". Tras ello, reitera que "no hay constancia de que haya habido denuncia ni procedimiento administrativo sobre una posible expoliación ni, por tanto, un pronunciamiento de la administración estatal acerca de esta cuestión".

Con todo, el alto tribunal apunta que "el planteamiento debe ser rechazado porque parte de unas premisas que no concurren, como son la existencia de expoliación y la consiguiente activación de la competencia estatal frente a ella", y afirma en el fallo que "la Comunidad Valenciana tiene asumida la competencia en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico".