Móstoles insta al PP a renunciar a la prolongación de Blasco Ibáñez porque es un modelo de hace medio siglo

El ayuntamiento cree que la fuga empresarial agiliza el plan del Cabanyal y prueba que no es especulativo

2008-07-02Publicat per: Levante
El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, retorció ayer los argumentos para justificar la marcha de las once promotoras inmobiliarias que formaban el accionariado privado de Cabanyal 2010. Dijo que ha sido una decisión "pactada" del ayuntamiento y la Generalitat con los promotores con el fin de "ganar agilidad y libertad" en la gestión del plan especial del Cabanyal, tras la sentencia de marzo pasado del Tribunal Supremo que avaló el pepri. De paso, apuntó, acallan las voces de quienes creían que tras la sociedad mixta sólo había un interés "especulativo". Según el teniente de alcalde, en estos momentos, "no es necesaria la presencia de socios privados" que, sin embargo, sí lo era hace tres años porque "aportaban experiencia y hacían más potente a la sociedad mixta". Apuntó que "para un organismo público es más fácil reunir a sus partes y tomar decisiones".

El concejal desvinculó la retirada de las 11 promotoras de la crisis inmobiliaria y del expediente de la Comisión Europea contra Aumsa por falta de transparencia, según Grau.

El abandono de las constructoras le va a costar a las arcas públicas 9 millones de euros: 7,8 millones para la compra del 45% de las acciones y 900.000 euros más en concepto de intereses calculados en base al IPC anual más un punto. Las constructoras que hace tres años aceptaron entrar en una sociedad que, contra lo habitual, les garantizaba beneficios por sus acciones -el IPC más un punto- necesitan, en el actual contexto de crisis inmobiliaria, liquidez y recuperar el capital inmovilizado en proyectos como Cabanyal 2010.

"No es negocio"

El propio Grau dio ayer una de las claves de la renuncia de los empresarios inmobiliarios al asegurar que el plan del Cabanyal "no es negocio" porque expropiar para "hacer viales" no lo es. La ampliación de Blasco Ibáñez pasa por abrir una avenida de 50 metros de ancho previo derribo de 1.600 viviendas en zona Bien de Interés Cultural. El suelo que se genere con los derribos debe destinarse a VPO, alrededor de 1.300. "Es una operación costosa, pero lo vamos a hacer", remachó Grau. El coste de la operación se cifra en 240 millones -lo que supone tres ejercicios de inversiones del presupuesto municipal-

Sin el respaldo de los privados, el ayuntamiento hará frente al coste del plan vía presupuestos, dijo Grau. Apuntó que por eso se ha optado por el pago fraccionado de las acciones, para no descapitalizar la sociedad y tener fondos para seguir con las expropiaciones. Ayuntamiento y Generalitat se comprometieron al crear la sociedad a aportar nueve millones anuales para desarrollar el plan. Grau no se atrevió ayer a dar una fecha aproximada para la culminación del plan del Cabanyal, que está pendiente de un recurso de los vecinos en el Supremo. Según el concejal de Grandes Proyectos, la marcha de las promotoras "no supone retrasos ni modificaciones".

El balance de Cabanyal es escaso ya que en tres años ha comprado 40 viviendas en la zona de la prolongación y 50 en el futuro bulevar San Pedro.

El concejal socialista Vicente González Móstoles aseguró que la sociedad "ya no tiene sentido" y emplazó al equipo de gobierno a renunciar a la prolongación de la avenida y a crear una oficina Riva para impulsar la rehabilitación del barrio. Grau dijo que esas funciones las realiza Cabanyal 2010. Móstoles comparó la ampliación de Blasco Ibáñez hasta el mar con la apertura de las avenidas del Oeste y Barón de Cárcer, un modelo desfasado y "de hace 50 años".