Once empresas abandonan el proyecto para prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar

2008-06-30Publicat per: Levante
Las compañías que abandonan la empresa Cabanyal 2010 son Acciona, Construcciones Villegas, Armiñana, Reyal Urbis, Salvador Vila, Calviga, Ecisa, Urbana Ducat, Sedesa, Pavasal y GIC.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado hoy que la pérdida de apoyos empresariales de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal "evidencia la falta de consistencia del proyecto y su nula viabilidad económica, social y patrimonial".

Según ha señalado el concejal del PSPV y miembro de la empresa Cabanyal 2010, Vicente González Móstoles, "la decisión de los socios privados de Cabanyal 2010 de abandonar la compañía es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico".

Así, el PSPV ha informado que un total de once empresas han comunicado en el consejo de administración su intención de "proceder a la venta de la totalidad de sus acciones de clase B".

Las compañías que han anunciado la venta son Acciona Infraestructuras SA, Construcciones Villegas SL, Armiñana Promociones Inmobiliarias, Reyal Urbis SA, Salvador Vila SL, Calviga SAU, Ecisa Grupo Inmobiliario SLU, Urbana Ducat SL, Sedesa Urbana SL, Pavasal Empresa Constructora SA y GIC Promociones Urbanas SL.

Estas empresas suponen la totalidad de socios privados de Cabanyal 2010 y sus 15.750 participaciones constituyen el 45% de las acciones de la compañía mientras que el 55% restante (19.250 acciones) son propiedad a partes iguales del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de las empresas AUMSA e IVVSA.

El precio establecido por acción es de 500 euros por lo que el precio total de las acciones que se pretenden enajenar asciende a 7.875.000 euros de modo que esta cantidad se entregará en tres pagos de 2.625.00 euros.

El primero de los pagos se realizará al otorgamiento de la escritura de compraventa, el segundo transcurrido un año y el tercero transcurridos dos y a la cantidad total habrá que sumar una cantidad en concepto de intereses, calculados conforme al IPC general más un punto porcentual.

Para González Móstoles, "ahora no sólo hay criterios de lógica urbana y patrimonial en contra de la operación, sino que el proyecto se ha visto desautorizado por los agentes privados en su dimensión estrictamente económica, lo cual lo deja sin ninguna justificación".