Confianza en la justicia

2008-04-18Publicat per: Las Provincias
Tristemente, la realidad nos muestra que quienes en reiteradas ocasiones recurren a la justicia con el fin de proyectar una imagen intachable y de reforzar su credibilidad ante la opinión pública, acaban por dar marcha atrás cuando las sentencias no les son favorables. El respaldo a las instituciones y la confianza en la independencia de los poderes públicos no puede condicionarse a cuáles sean los resultados de sus actuaciones.

Estamos demasiado acostumbrados a que algunas plataformas, con el beneplácito de grupos políticos de izquierda, apelen a los tribunales en busca de apoyo a sus argumentos y que, cuando estos se pronuncian y no les dan la razón, reniegan del sentido de las deliberaciones y dudan incluso de que el fallo sea justo. Este modus operandi nos hace pensar bien en el desconocimiento por parte de quienes interponen los recursos acerca de las posibilidades de prosperar en los procesos judiciales que abren o bien, en el peor de los casos, en que utilizan esta vía a sabiendas de cuáles serán los resultados, con el único objetivo de entorpecer y retrasar los proyectos a cuyo desarrollo se oponen.

En esta larga lista de recursos judiciales en los que se han acabado desmontando los fundamentos de los recurrentes (y podemos recordar las referentes al Teatro de Sagunto, a Tabacalera o al nuevo estadio de Mestalla), se encuentran varios relativos al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, sobre dos de los cuales se ha hecho público el contenido de la sentencia en los últimos días.

La Sección Quinta del Tribunal Supremo, en la explicación de estas dos sentencias sobre el Plan del Cabanyal, afirma con rotundidad que no se puede hablar de expolio alguno, que este Plan "ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación y aprobación han intervenido las administraciones Local y Autonómica en el ejercicio de sus respectivas competencias" y que "se compartan o no sus determinaciones no puede tratarse de arbitrario o irracional".

Las sentencias recuerdan que es al PEPRI del Cabanyal al que corresponde "concretar los criterios de protección y realizar, en su caso, el catálogo de los bienes integrantes del Conjunto que son merecedores de una singular protección" y recuerda los argumentos ya esgrimidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando dijo que este plan "es respetuoso con la trama histórica" y permitirá "mejorar la conservación del barrio".

Entendemos que recibir continuadamente varapalos de este calibre, aunque previsibles, no puede generar demasiadas alegrías y menos, como ocurre cuando se pierde en estos casos, teniendo que asumir las costas judiciales. En los últimos días hemos podido escuchar las declaraciones de representantes de Salvem el Cabanyal y del grupo socialista que no hacen sino descalificarlos a ellos mismos, cuando, tras haber querido recibir el apoyo de la justicia, y no conseguirlo, dicen cosas como que los últimos fallos del Tribunal Supremo "no significan carta blanca" para actuar en el Cabanyal y que dudan, "y mucho, de la independencia del poder judicial en procesos con una carga política tan fuerte como este". Judicializar la vida política y poner en entredicho la independencia de los tribunales resulta, cuando menos, bastante curioso, teniendo en cuenta que incluso un destacado miembro de la citada plataforma se ha pronunciado reiteradamente en artículos de opinión, presentándose como miembro de la misma o como profesor de la Universitat de València y silenciando sus vinculaciones políticas, que son bastante claras, al haber desempeñado un alto cargo de libre designación en el Ministerio de Justicia con el último gobierno socialista presidido por el señor Rodríguez Zapatero.

Después de diez años de procesos abiertos, que han impedido intervenir en estos barrios marítimos con la celeridad que se requería para frenar su degradación, se hace necesaria una reflexión profunda acerca de la consideración que se ha de dar a los poderes públicos -legislativo, ejecutivo y judicial- en una sociedad democrática como la nuestra y respetar las decisiones que se adopten, nos gusten o no. En una sociedad democrática votamos a nuestros representantes y debemos acatar la voluntad de la mayoría, aunque no coincidan con nuestras creencias, y debemos también ser coherentes respecto a las deliberaciones de la justicia, especialmente cuando han dejado claro que las actuaciones recurridas son legales. Aunque les pese a algunos, el PEPRI del Cabanyal ha recibido el respaldo de los ciudadanos, en las urnas y también el respaldo de los tribunales.

Esperamos, nada más, que las opiniones vertidas estos días dejen de dilatar más en el tiempo el desarrollo de este necesario Plan para la regeneración del Cabanyal que permitirá, de una vez por todas, poner al alcance de los vecinos la calidad de vida que se merecen y que, finalmente, se imponga la coherencia, la buena voluntad, la cordura y el respeto por nuestras instituciones democráticas.