Salvem el Cabanyal se reúne hoy en asamblea para aprobar nuevas propuestas para paralizar el plan

La apertura de Blasco Ibáñez se acelera con el derribo de 12 edificios fuera de la zona protegida

2008-04-17Publicat per: Las Provincias
A partir del lunes y una vez que se hayan desalojado todos los inmuebles ocupados ilegalmente, empezará de manera progresiva la demolición de 12 edificios en distintas calles del Cabanyal, incluidos en el plan urbanístico avalado recientemente por el Tribunal Supremo y que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

La empresa Cabanyal 2010 será la encargada de los derribos, después de la concesión de licencias por el Ayuntamiento. La mayor parte (ocho inmuebles) se concentran entre la avenida Blasco Ibáñez y la calle Manuela Estellés, junto a la estación de Renfe.

Se trata de un pequeño núcleo de viviendas ruinosas, además de algunas fábricas ya desaparecidas. En el plan urbanístico figuran como uso residencial para viviendas de protección oficial. Por lo que respecta al resto de las intervenciones, la relación prosigue con un edificio en la calle Juan Mercader, otro más en Mariano Cuber y dos en la calle San Pedro, junto al mercado.

Es precisamente en esta última calle donde el Ayuntamiento, socio de Cabanyal 2010 junto con la Generalitat y varias empresas privadas, tiene más interés en acelerar los derribos, fuera de la zona protegida y suspendida por los tribunales para cualquier obra de este tipo.

Todavía falta que el Supremo falle sobre el recurso de casación de la Federación de Vecinos, aunque la previsión es que lo haga de manera favorable a la Administración. No obstante, los cálculos más optimistas hablan de un mínimo de diez años para acometer todo el plan urbanístico, prolongación incluida.

Entre hoy y el lunes, la Policía Local inspeccionará los edificios que serán derribados para desalojarlos de cualquier ocupación ilegal. Ayer mismo, una familia compuesta por una madre y su hijo, mayor de edad, seguían en una vivienda de la calle Manuela Estellés.

"Estaremos hasta que nos tiren", fue el comentario resignado que hizo a LAS PROVINCIAS. El pasado año, los vecinos de la zona protestaron colgando pancartas en sus ventanas por los escándalos, suciedad e incidentes que protagonizaron otras familias que vivían en unas casas ya derribadas. Sobre esta unidad de ejecución, curiosamente, no existe ninguna objeción por parte de la plataforma vecinal contraria a la prolongación, al estar situada junto a la avenida ya consolidada.

Por su parte, los miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal-Canyameral se reunirán esta tarde en asamblea general para establecer nuevas medidas para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que constata la legalidad del plan de prolongación de Blasco Ibáñez.

Desde la asociación explicaron que buscarán "nuevas propuestas y medios para seguir defendiendo la paralización del plan de rehabilitación que prevé la demolición de 1.651 viviendas del barrio y la consiguiente destrucción de la estructura urbana y social".

Durante la asamblea, se leerá un manifiesto en el que la plataforma advierte de que no abandonará "ninguno de los procedimientos administrativos ni judiciales en curso y hará uso de su facultad de denunciar las acciones municipales que atenten contra los derechos de los vecinos".

La asociación tilda en el escrito de "gravísima injusticia social" la expropiación del Ayuntamiento "consistente en pagarles un precio medio de expropiación de 500 euros el metro cuadrado construido a cambio de realojo en viviendas de protección oficial a 1.340 metros cuadrados construidos".

Salvem el Cabanyal acusa a la empresa encargada de gestionar la expropiación de "actuar como una inmobiliaria sin escrúpulos, causar desinformación, miedo e inseguridad a los vecinos".

Por ello, una de las medidas que impulsará la Plataforma será la creación de un grupo de ayuda mutua. El grupo estará destinado para aquellos afectados que no carecen de recursos económicos y personales para defenderse. "El objetivo es que nadie se quede sin poder defender sus derechos por falta de recursos individuales".