El Supremo no ve acreditado el expolio al Cabanyal

2008-04-05Publicat per: Levante
El Tribunal Supremo considera en las dos sentencias favorables al plan especial del Cabanyal que se hicieron públicas ayer que en este instrumento de planeamiento cuya espina dorsal es la prolongación de Blasco Ibáñez "no queda acreditada la premisa expolio que activaría la competencia estatal para la protección del conjunto histórico".
Los magistrados recuerdan que el plan del Cabanyal ha sido aprobado por el ayuntamiento y la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y "se compartan o no sus determinaciones no puede tacharse de arbitrario o irracional".

El Alto Tribunal adelantó el 13 de marzo el fallo desestimatorio de los recursos de la asociación de vecinos Pavimar y de Salvem el Cabanyal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avaló el plan especial impulsado por el gobierno de Rita Barberá. La sentencia del Supremo pone punto final a diez años de lucha vecinal contra la apertura de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio de declarado BIC.
La sección quinta de la sala de los contencioso-administrativo del Supremo por unanimidad de sus miembros desestima y desmonta las once argumentaciones de los vecinos contra el plan, que supondrá el derribo de más de mil casas.
Los magistrados, que recriminan la "escasa consistencia" de algunas argumentaciones de los vecinos, se ratifican en la sentencia del Tribunal Superior. Remiten a los informes técnicos -entre ellos el del arquitecto y autor del PGOU, Alejandro Escribano- que defendían las bondades del plan del Cabanyal como "eje vertebrador" del barrio. Las sentencias, de 37 folios cada una y prácticamente similares, retoman los argumentos del TSJ que en 2004 resolvió que el plan del Cabanyal contribuye a "mejorar la conservación del barrio" y es "respetuoso con la trama histórica".

El Supremo destaca que el planeamiento es una competencia autonómica. Justifica su intervención porque en el recurso de casación los vecinos invocaron al incumplimiento de la norma estatal que propugna un criterio conservacionista del patrimonio histórico. En este punto, la sala resuelve que se trata de un argumento "forzado y carente de consistencia" que no se puede hacer valer porque el Tribunal Superior justificó que el plan impugnado se ajusta a la ley valenciana de Patrimonio.

Los magistrados consideran que la ley estatal de Patrimonio a la que apelaban los vecinos para evitar los derribos no tiene "diferencias sustanciales" en cuanto e los criterios de protección de los conjuntos históricos y por tanto no prevalece en este caso.
El Supremo impone a las entidades vecinales el pago de las costas procesales que en ningún caso podrán superar los 3.000 euros.

Todavía queda pendiente la resolución del recurso de casación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que hizo frente común con Salvem el Cabanyal y Pavimar. El Supremo aceptó, a petición de estas dos últimas entidades, adelantar un año el fallo y fijó fecha para el 13 de febrero. Las deliberaciones se prolongaron durante veinte días, hasta el 4 de marzo.

La resolución del recurso del plan del Cabanyal ha coincidido con la huelga de los funcionarios del Ministerio de Justicia y la sentencia ha tardado tres semanas en publicarse.

La comisión informativa de urbanismo del próximo lunes dará cuenta de la desestimación de las peticiones de los propietarios de dos parcelas que reclamaban al ayuntamiento que les expropie. Estos terrenos están destinados a equipamientos públicos para el barrio. Uno se encuentra en la zona afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez pero otro está fuera.

Los titulares de las parcelas, una en la calle José Benlliure y otra en Vicente Brull, reclaman ser expropiados basándose en la Ley del Suelo, que establece que, cumplidos cinco años desde la aprobación definitiva del planeamiento, todos aquellos suelos destinos a usos públicos (viarios, zonas verdes, escuelas, etc.) pueden pedir la expropiación. Sin embargo, el consistorio descarta llevarla adelante argumentando que, como se trata de una unidad de ejecución con más propietarios, la adquisición se hará de forma global.

El PSPV, al que no convence el argumento, va a pedir un informe jurídico porque considera que en el caso de la prolongación puede haber dudas legales (por la suspensión cautelar) pero no la de Vicente Brull, para servicio deportivo. El Pepri del Cabanyal prevé 65 equipamientos que pueden ejecutarse desde la aprobación en mayo de 2001.