EL TSJ YA HABÍA CONSIDERADO QUE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ CONSERVARÍA EL BARRIO

El TS avaló el Plan del Cabanyal porque el Ayuntamiento no cometió expolios

2008-04-04Publicat per: Panorama actual
El Supremo rechaza, en las dos sentencias en las que desestima los recursos contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia a través de El Cabanyal, que la actuación de las administraciones encaje en el "concepto de expoliación". Así, el tribunal rechazó la competencia normativa estatal para proteger el conjunto. El TSJCV -con los votos de la mayoría de los magistrados, once frente a ocho, que emitieron un voto particular- consideró en su día que el proyecto de la prolongación contribuirá a la mejor conservación general del conjunto, catalogado como Bien de Interés Cultural en 1993.
Según el alto tribunal, en este caso, el instrumento de planeamiento ha sido objeto de una tramitación "compleja", "en cuya formulación y aprobación" han intervenido ambas administraciones "en el ejercicio de sus respectivas competencias, produciendo todo ello como resultado un Plan especial de Protección cuyas determinaciones, se compartan o no, no puedan ser tachadas de irracionales o arbitrarias".

Para el alto tribunal, el punto de partida "ineludible" es que la Comunitat tiene asumida la competencia en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149,1.28 de la Constitución, y en ejercicio de esta competencia se dictó la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, cuyo artículo 39.2 regula específicamente el contenido de los Planes especiales de protección de los conjuntos históricos.

"Por tanto, como acertadamente explica la sentencia recurrida (...) este artículo es la norma obligada de referencia para determinar si el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar es o no ajustado a derecho", señala la sala, que añade que el nivel de protección definido en esta normativa no es "sustancialmente diferente" al previsto en el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, alegada por las recurrentes.

El Supremo rechaza así los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 1 de octubre de 2004, sobre la aprobación de la homologación modificada y el PEPRI del Cabanyal, presentados por ambas entidades, a quienes impone el pago de costas. El contenido de las resoluciones se conoció hoy, aunque la deliberación de los magistrados del alto tribunal, que da vía libre a la prolongación, ya se avanzó el pasado 13 de marzo, una década después del inicio del debate del proyecto en las instancias administrativas y judiciales.

El TSJCV -con los votos de la mayoría de los magistrados, once frente a ocho, que emitieron un voto particular- consideró que el proyecto de la prolongación contribuirá a la mejor conservación general del conjunto, catalogado como Bien de Interés Cultural en 1993, por lo que estimaba que la prolongación está amparada en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y añadía que no sólo se trataba de facilitar la conexión de Valencia con el mar, finalidad calificada de "legítima", sino que igualmente pretendía "lograr la mejora del barrio del Cabanyal-Canyamelar, facilitando su integración en la ciudad y siendo respetuoso con la identidad del conjunto".

Las dos entidades alegaron 11 motivos de casación, entre otros por denegación de "prueba relevante", que han sido rechazados por el alto tribunal, que señala que el TSJCV rechazó más testificales ante el "copioso material probatorio" existente y subraya que la sala de primera instancia "no ha prescindido de las pruebas aportadas" sino que "sencillamente ha considerado prevalentes los datos e informes técnicos que llevaron a la administración actuante a aprobar el instrumento de planeamiento".

En este sentido, sostiene que la sala del TSJCV lo hizo "de forma razonada" ya que en su resolución no se limita "a transcribir párrafos relevantes de los informes técnicos" sino que "emite una valoración razonada de los mismos y del valores probatorios que se les confiere". Por tanto, subraya que no procede en este caso realizar una nueva valoración de la prueba porque esto sólo se puede hacer si se alega infracción de alguna norma en este punto, lo que no sucede, o si se pone de manifiesto que la llevada a cabo es "arbitraria o irracional", lo que tampoco ocurre.

Competencias

En relación con la alegación de las recurrentes de que el PEPRI comporta un "verdadero expolio" del barrio, el Supremo señala que "no hay constancia de que haya habido denuncia ni procedimiento administrativo" alguno al respecto y agrega que este instrumento de planeamiento ha sido objeto de una tramitación "compleja" y en cuya formulación y aprobación han intervenido las administraciones local y autonómica, que con sus competencias han producido un Plan Especial de Protección "cuyas determinaciones, se compartan o no, no puedan ser tachadas de irracionales o arbritrarias".

En este sentido, señala que la invocación del artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico español por parte de las recurrentes, unida al alegato de expoliación, que sería la que activaría la competencia de la administración estatal para proteger un conjunto declarado BIC, debe ser rechazado porque parte de la existencia de expoliación, premisa que no concurre.

Asimismo, considera que se alega la vulneración del artículo 38 de la Ley Reguladora de la Actividad urbanística de la Comunitat -por la necesidad de consulta previa en la elaboración del Plan Especial- "sin que se explique la razón ppara que su interpretación y aplicación deba ser examinada en casación", sin contar con que esta disposición "no establece un cauce procedimental determinado" para realizar la consulta.

En esta línea, señala que en un procedimiento complejo como la redacción de este Plan especial es "obligado" recabar informes a distintos organismos y dependencias administrativas y es la autoridad con competencia para resolver quien debe ponderar esos pareceres técnicos "sin que pueda decirse que haya incurrido en infracción procedimiental por el hecho de haber fundado la decisión más en el criterio de unos que en el de otros".

Asimismo, indica que tanto en el ordenamiento estatal como en el valenciano, la declaración de BIC es anterior a la aprobación del Plan Especial de Protección, que es quien debe concretar los criterios de protección y realizar el catálogo de los bienes merecedores de especial protección. Para la sala, el contenido en el PGOU de 1988 tenía carácter "provisional o transitorio" y es en el Plan especial donde queda "definitivamente" perfilado