Salvem el Cabanyal. Punto y seguido

2008-03-29Publicat per: Levante
¿Qué debe hacer Salvem el Cabanyal tras la sentencia del Tribunal Supremo que de entrada permite a la alcaldesa de Valencia ejecutar su plan de prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez sobre lo mejor del barrio? Algunas personas ciertamente relevantes (Alfonso Grau, F.P. Puche) se han apresurado a dictar al unísono -esto no es una sorpresa-, su veredicto. A la vista de la gravedad de sus pecados, Salvem pedirá perdón por los daños causados y desaparecerá sin más, quedando tan sólo en el recuerdo como el minúsculo colectivo de la izquierda radical apoyado por los socialistas (esto dato es muy importante, víctimas sorpresivas del bipartidismo), que retrasó la regeneración del Cabanyal y, más aún, provocó su profundo deterioro, y todo por puros intereses económicos particulares. Resulta curioso observar el valor que pueden llegar a tener algunas personas.

Probablemente sea ocioso recordar a quienes piensan que el Cabanyal son esas casas con gitanos que hay junto a la dársena de la Copa América lo que ha pasado y pasa en el barrio; quizás no valga la pena señalarles la contradicción que supone atribuir la degradación de un barrio a cuatro gatos insumisos frente a un gobierno municipal con repetidas mayorías absolutas. Aunque todo esto no se sostiene, se repite, y es así como lo absurdo se abre paso desplazando al sentido común. Como en tantas otras cosas.

Salvem el Cabanyal es un grupo de ciudadanos, unos afectados directamente por la prolongación de Blasco Ibáñez y otros no, que está honestamente convencido de que ese plan municipal, además de no perseguir interés general alguno, es un atentado contra el patrimonio histórico y contra el derecho de las personas a vivir en un entorno especial, si se quiere distinto, pero protegido por la ley. Por eso no se siente identificado cuando se le acusa de perseguir intereses económicos, o cuando se le hace responsable de la suciedad del barrio, de la ausencia de servicios sociales, del deterioro de las casas. Quien afirma eso no tiene ni idea, o tiene mala fe; o ambas cosas.

Por todo eso, tras la sentencia del Supremo, Salvem va a seguir trabajando para lo que fue creada, para ser la voz de algunos ciudadanos que, en realidad, no son tan pocos. Eso significa, en primer lugar, seguir ofreciendo buena información a los vecinos que estén interesados en recibirla, y contrastar los criterios de todos para saber cómo actuar. Así ha funcionado y seguirá haciéndolo.

En segundo lugar, y por coherencia con lo primero, significa leer la sentencia del Supremo (se está escribiendo, el Tribunal sólo adelantó el fallo), valorar su alcance, decidir qué hacer y explicar todo ello a los afectados que quieran escuchar. Entre los detractores de la plataforma ciudadana, hay quien se ha mostrado sorprendido porque Salvem el Cabanyal se haya apresurado a acatar la sentencia, ya que a su entender, haciéndolo, ha cortado de raíz cualquier intento de insumisión por parte de otros colectivos e instituciones. Sorprende la sorpresa. Dejando a un lado el hecho de que Salvem siempre ha actuado con arreglo a la ley, se ignora en la Plataforma qué colectivos e instituciones están actualmente en disposición de acometer actos de desobediencia civil, a salvo, claro está, algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular respecto de la obligatoria Educación para la Ciudadanía.

En tercer lugar, y muy importante en este momento, Salvem el Cabanyal seguirá apoyando a los requeridos de expropiación urgente por el Ayuntamiento con propuestas económicas ridículas por sus casas. Este fue el primer mensaje que se quiso dar a los vecinos tras conocer el fallo. No debiera olvidarse -e increíblemente este gobierno municipal de misa dominical lo hace- que muchos de los que han recibido (y van a recibir) la carta de expropiación de la alcaldesa son personas mayores con pocos recursos.

Por último, quizá valga la pena recordar que la Plataforma tiene en contencioso ante la Unión Europea a la empresa Cabanyal 2010, responsable de la ejecución del Plan, por constitución ilegal. Quizá convenga que alguien siga denunciando, aunque al parecer a pocos cause escándalo, que esa empresa alquila en el barrio casas sin agua y sin luz a personas desahuciadas. Quizá no esté de más que alguien siga alertando a la fiscalía de menores sobre el desamparo y las condiciones de insalubridad que sufren algunos niños en el Cabanyal. Quedan cosas por hacer.

No se le oculta a Salvem el Cabanyal que la sentencia del Tribunal Supremo compromete aún más la integridad del Bien de Interés Cultural teóricamente protegido, que somete a más presión a los vecinos, que da un respiro a la alcaldesa (por cierto, la misma alcaldesa que contra el interés del barrio recurrió -y perdió- la decisión del Supremo de adelantar el fallo, ese adelanto que hoy la hace tan feliz). Pero tampoco se le escapa a los vecinos que la vía judicial no bendice el proyecto del Ayuntamiento sino que, como mucho, admite que ese proyecto queda libre en manos del gobierno municipal, convirtiéndolo así en un acto de exclusiva responsabilidad política. Acto político que, en democracia, puede ser discutido y contestado: que sea legal no significa que sea bueno.
Como es notorio, a día de hoy el Cabanyal sigue en pie. Frente a esta impertinente realidad el gobierno municipal aprieta el acelerador propagandista, espera que los vecinos se echen a un lado y concluye orgulloso que «en diez años podremos culminar el proyecto». Quizá esto acabe siendo así, pero quizá no. A estas alturas nadie duda de que a algunos les gustaría que todos fuéramos asiduos creyentes de Canal Nou. Pero el mundo es redondo. Y se mueve.