Grau indica que el objetivo es que se "zanje" en los tribunales "definitivamente" este asunto

El Ayuntamiento pedirá al Supremo que se pronuncia ''lo antes posible'' sobre el último recurso de los vecinos

2008-03-14Publicat per: Las Provincias
El gobierno municipal valenciano pedirá al Tribunal Supremo (TS) que se pronuncie con la "mayor celeridad posible" sobre el último recurso de casación que queda pendiente contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este barrio de la ciudad, interpuesto por la Federación de Asociación de Vecinos, y que levante la suspensión cautelar para "no diferir más las actuaciones".

Así lo anunció hoy el primer teniente de alcalde y regidor de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, en una rueda de prensa para exponer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

Grau, quien subrayó que la desestimación de los recursos de Salvem El Cabanyal y de la asociación de vecinos Pavimar contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez "demuestran, una vez más, la legalidad absoluta de las actuaciones del Gobierno", expuso que el próximo paso del consistorio será el de pedir al Supremo que se pronuncie "cuanto antes" sobre el último recurso pendiente.

Al respecto, recordó que fue Salvem el que, inicialmente, se dirigió al TS para requerirle que acelerase los trámites por el "perjuicio" que estaba "sufriendo" el barrio del Cabanyal , mientras que el gobierno municipal, en ese momento, pidió que se aplazara la decisión hasta después de las elecciones generales por "ser un tema de trascendencia política".

Entonces, "se criticó" la postura del Ayuntamiento y no fue "muy aceptada", dijo, y "ahora", destacó que será este órgano el que se dirija la próxima semana al Supremo para pedirle que pronuncie del último recurso y levante la suspensión cautelar "para no diferir más las actuaciones".

Indicó que el objetivo es que se "zanje" en los tribunales "definitivamente" y con la "mayor celeridad posible" este asunto, "siempre desde el máximo respeto al ordenamiento jurídico y no actuando en contra del ordenamiento legal", aseveró. En este sentido, afirmó que se alegraría "mucho" si la oposición se suma a esta petición ya que, de lo contrario, "ellos podrían ser los responsables de que se paralice una actuación más en la ciudad". También recordó, en este punto, que queda un posible recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) "pero que no prosperará porque no se ha vulnerado ningún derecho constitucional", aclaró.

Comprar o expropiar

Paralelamente, Grau avanzó que el gobierno municipal empezará "desde ya" con los trabajos y los trámites administrativos para actuar en la zona de la prolongación de Blasco Ibáñez adquiriendo inmuebles o, en caso contrario, expropiando, "pero siempre intentado un diálogo fluido con los vecinos para llegar a acuerdos, como se ha hecho en la zona del boulevard de San Pedro".

El Ayuntamiento centrará sus actuaciones en unidades concretas, por tramos, es decir, pretende "resolver la situación en una zona concreta y, después, pasar a la siguiente". Así, lanzó un mensaje de "tranquilidad" a los propietarios de las viviendas porque desde el consistorio se irá "acordando, comprando y avanzando", puntualizó, y se dirigió a ellos para ofrecerles una reunión con el objetivo de "llegar a acuerdos".

En total, el desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal , en el que se incluye la prolongación de Blasco Ibáñez, abarca un área de 296.020 metros cuadrados (m2), y éste contempla el derribo de 1.300 unidades y la rehabilitación de "muchas más, la mayoría". "Se van a retomar --agregó-- las negociación y a desarrollar todo el PEPRI en su conjunto, en cuanto a rehabilitaciones, dotaciones y apertura de Blasco Ibáñez".

En este sentido, Grau destacó que existe una "decisión firme" del equipo de gobierno de "seguir adelante" con "absoluta firmeza" para actuar en la prolongación de Blasco Ibáñez, "poniendo por delante la negociación con los vecinos e intentando ir adquiriendo inmuebles, como se ha hecho en el boulevard San Pedro".

Respecto a esta última zona, recordó que hay 124 unidades registrales afectadas y que, de éstas, 71, es decir, lo que representa el 53 por ciento, "ya son de propiedad pública, o bien del Ayuntamiento, o de la Sociedad Cabanyal 2010 o de la empresa Aumsa". En esta zona afirmó que se continuará con la última fase "con un espíritu abierto para seguir llegando a acuerdos". El objetivo es "abrir ese boulevard de 30 metros de ancho que permitirá un cambio fundamental", dijo.

'Moralmente sostenible'

El también portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento lamentó la actitud adoptada en este asunto por los socialistas municipales, "legal pero no moralmente sostenible", destacó, ya que "sólo han conseguido, con su oposición, ralentizar, paralizar y perjudicar el desarrollo de la ciudad".

Con su actitud, expuso, "no sólo amparando a los colectivos que se opusieron a la actuación, sino fomentando y participando con algunos de ellos como con Salvem El Cabanyal , lo único que han conseguido es que se demuestre, una vez más, la legalidad absoluta de las actuaciones del gobierno municipal".